Hay negociaciones que no avanzan: giran sobre sí mismas. La reunión del 18 de mayo entre Conselleria de Educación y el profesorado, aunque se alargó hasta altas horas de la madrugada, volvió a dejar esa sensación amarga de déjà vu: muchas horas de conversación, mucha fotografía de “voluntad negociadora” y, al final, muy pocas garantías para desconvocar una huelga indefinida que no nació por capricho, sino por agotamiento.
Porque conviene decirlo claro: no se puede vender como un gran paso adelante una propuesta que sigue sin blindar lo esencial. Quienes ahora intentan presentar el último movimiento de Conselleria como un acuerdo razonable, como una salida digna o como una muestra de sensibilidad, deberían mirar con más honestidad lo que hay sobre la mesa. Queda muchísimo margen de mejora. Y, sobre todo, queda mucho profesorado cansado de promesas.
El salario es uno de los puntos más evidentes. Hablar de subidas de 200 euros sin un blindaje real frente al IPC no es recuperar poder adquisitivo. Es maquillar una pérdida. Desde 2021, con el coste de la vida disparado, el profesorado ha visto cómo su salario valía cada vez menos. Presentar ahora una cantidad cerrada, sin garantías sólidas de actualización y a dos años vista… es pedir al colectivo que aplauda una tirita después de años de herida abierta.
Las ratios son otro ejemplo de manual. Decir que se mejorarán “cuando lo marque el Ministerio” es, básicamente, no liderar nada. Es esperar instrucciones, lavarse las manos y vender como avance lo que no depende de una apuesta política propia. Mientras tanto, las aulas siguen llenas, la atención individualizada se convierte en una heroicidad diaria y la inclusión se sostiene, demasiadas veces, sobre la buena voluntad y el sobreesfuerzo del profesorado.
Y aquí está una de las claves: la inclusión no se defiende con eslóganes. Se defiende con PT, AL, personal suficiente, recursos, tiempo y plantillas estables. Se defiende haciendo que cada centro tenga músculo real para atender a su alumnado. Sin eso, la inclusión es una palabra bonita en un documento oficial. Una palabra que queda muy bien en una rueda de prensa, pero que en los pasillos de los institutos y colegios se traduce en docentes desbordados intentando llegar donde la administración no llega.
También están las sustituciones. Después de meses de quejas, parece que lo único aprendido es cómo hacer más lento lo que ya era urgente. Antes se cubrían bajas en pocos días; ahora pueden pasar una semana, diez días o más. Y cada ausencia no cubierta significa que ese alumnado, al que Ortí y los suyos dicen proteger, sigue sin la atención adecuada, equipos docentes haciendo equilibrios imposibles y centros que funcionan a base de parches. Eso no es eficiencia. Eso es abandono administrativo.
La promoción del valenciano tampoco puede quedar reducida a campañas. Si se habla de garantizar derechos lingüísticos, habrá que blindar oferta, recursos y condiciones. Porque una lengua no se protege solo con carteles, declaraciones institucionales o frases solemnes. Se protege con planificación, profesorado y compromiso real.
Y están las infraestructuras, especialmente en un contexto climático cada vez más extremo. Hablar de adaptación de los centros sin cifras claras, sin calendario público, sin fases verificables y sin dotación suficiente es volver al terreno de siempre: el de la promesa nebulosa. En las aulas hace calor real, frío real y falta de medios real. No se combate eso con titulares.
Por eso resulta insultante que algunos corran a celebrar una propuesta insuficiente como si fuese una victoria. No lo es. Una huelga indefinida no se desconvoca por confianza, porque la confianza ya se ha perdido demasiadas veces. Se desconvoca con garantías firmadas, fechas concretas, presupuesto claro y mecanismos de seguimiento que no sean otra comisión decorativa. Y más cuando esta misma mañana se ha aprobado una nueva «inyección» a la escuela concertada de 6.563.065€ (más de 4 millones más, por ejemplo, de lo que supondría aumentarle el salario a todos los profesores de la Comunitat)
Hoy Conselleria y sindicatos vuelven a reunirse tras un encuentro de diez horas sin acuerdo. Ojalá esta vez no se repita el día de la marmota. Ojalá se entienda que el profesorado no está pidiendo privilegios, sino condiciones dignas para enseñar y para que la escuela pública funcione. Que es así cómo se protege, de verdad, al alumnado y que ojalá quienes negocian recuerden que detrás de cada ratio, cada sustitución que no llega, cada aula sin recursos y cada promesa incumplida hay alumnado, familias y docentes sosteniendo el sistema con una paciencia que ya no puede darse por descontada.
Porque apoyar al profesorado no es una pose. Es defender la educación pública. Y defender la educación pública exige algo más que vender avances a medias: exige compromisos reales.
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