Por @ladiscordantede
La reciente decisión del Ayuntamiento de Alicante de retirar fondos destinados a la promoción de la Igualdad supone un duro golpe a las políticas de equidad de género en la ciudad. Esta medida, impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular, evidencia una preocupante cesión de poder a la ultraderecha en cuestiones fundamentales para el avance de los derechos de las mujeres. Más allá del debate político, resulta imprescindible analizar las consecuencias reales de estas decisiones y preguntarnos: ¿Qué implica realmente eliminar los recursos para la Igualdad?
El argumento del equipo de gobierno de que la Igualdad se fomenta de forma «transversal» sin necesidad de partidas presupuestarias específicas es, en el mejor de los casos, ingenuo y, en el peor, un claro retroceso. La igualdad no es un concepto abstracto que se materializa por arte de magia en todas las áreas del gobierno municipal, sino una conquista social que requiere acciones concretas, programas bien estructurados, educación y, sobre todo, un financiamiento adecuado. Sin inversión, las políticas de igualdad se convierten en meras declaraciones vacías.
Alicante, como el resto del país, sigue enfrentándose cada día a una lacra de violencia machista que se cobra decenas de vidas año tras año. Los asesinatos por violencia de género, las agresiones y el número de denuncias siguen reflejando una realidad alarmante que demanda respuestas contundentes desde todas las instituciones. En este contexto, la eliminación de fondos para la promoción de la Igualdad es un acto de irresponsabilidad política.
Pero, ¿quién es responsable de que se haya llegado a este punto? Por un lado, el alcalde Luis Barcala parece haber asumido una estrategia de gobernabilidad basada en la cesión progresiva de poder a Vox, a pesar de que su partido gobierna con una amplia, pero insuficiente, mayoría. La incapacidad del PP para negociar con otras fuerzas políticas le ha llevado a depender de la extrema derecha para aprobar los presupuestos, sacrificando derechos y libertades en el proceso.
Por otro lado, con las el centro y las posturas de consenso invisibles, la oposición, con un frente que parece más reactivo que propositivo, no ha logrado articular una estrategia efectiva para frenar estas políticas. La lucha por la Igualdad no debería ser solo una bandera electoral, sino un compromiso constante y firme que se traduzca en alternativas viables y presión política real.
La cuestión de fondo es clara: la igualdad no puede ser una moneda de cambio en negociaciones presupuestarias. Es una responsabilidad colectiva que afecta a toda la sociedad y, cuando las administraciones públicas renuncian a defenderla activamente, se retrocede en derechos que han costado décadas de lucha. Alicante merece políticas de igualdad sólidas y comprometidas, no discursos vacíos y recortes que ponen en peligro los avances logrados.
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