Hay momentos en los que una ciudad se mira al espejo y no se reconoce. Alicante lleva tiempo en ese punto. La vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en una prueba de resistencia, y lo más inquietante es que ya ni siquiera sorprende.
El diagnóstico del Sindicat de Vivenda de Carolines no es exagerado: es cotidiano. Destinar la mitad del sueldo —o hasta el 80%— a un alquiler no es una anomalía, es el nuevo estándar. Y detrás de ese dato hay vidas en pausa: adultos compartiendo piso como estudiantes eternos, familias hacinadas, menores creciendo en condiciones que nadie se atrevería a llamar hogar.
Y lo peor no ha llegado aún. La tormenta perfecta está en camino con la renovación de contratos firmados en pandemia, cuando los precios eran —comparados con hoy— casi razonables. Lo que viene, si nadie lo frena, es una actualización masiva al alza. Traducido: una expulsión silenciosa, pero sistemática, de inquilinos que simplemente no podrán pagar.
En este contexto, la campaña “No nos vamos” no suena radical, suena lógica. Plantear resistir, organizarse e incluso una huelga de alquileres no es una provocación: es una respuesta a un sistema que ha dejado de ofrecer salidas. Cuando negociar deja de servir y la administración mira hacia otro lado, la gente empieza a defenderse como puede.
Porque esa es la otra cara de esta historia: la gestión nefasta del Ayuntamiento de Alicante, que ha decidido que la vivienda puede esperar, que el mercado ya se regulará solo, que siempre hay algo más urgente que evitar que su propia población sea expulsada de la ciudad. Mientras tanto, los grandes tenedores acumulan poder y los vecinos: incertidumbre.
Se habla mucho de atraer inversión, de dinamizar la ciudad, de modernizar Alicante. Pero ¿qué ciudad se está construyendo exactamente si quienes la sostienen no pueden vivir en ella? Una ciudad sin vecinos es un decorado. Y Alicante empieza a parecerse peligrosamente a eso.
Por eso incomoda tanto —y a la vez resulta tan necesaria— la idea de una huelga de alquileres. Porque señala directamente el problema: un modelo que ha dejado de ser habitable para la mayoría. Y porque recuerda algo básico que se ha olvidado con demasiada facilidad: sin inquilinos, no hay negocio. Sin ciudadanos, no hay ciudad.
Puede que esta “ofensiva” moleste. Puede que incomode a propietarios, fondos y despachos. Pero lo verdaderamente insoportable es haber llegado hasta aquí. Y eso, conviene no olvidarlo, no es responsabilidad de quienes ahora dicen basta.
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