Cien meses. Más de ocho años. Ese es el tiempo que llevan esperando las familias del Colegio de Educación Especial El Somni de Alicante para que el Ayuntamiento cumpla con su obligación: construir unas instalaciones dignas. Un derecho básico, negado sistemáticamente por una administración que prioriza otros intereses y desprecia la educación pública.
A pesar de que el proyecto está redactado y cuenta con un presupuesto de ocho millones de euros, la realidad es que no hay ni un solo euro asignado en los presupuestos municipales para su construcción. 110 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual siguen siendo relegados a barracones y a un edificio obsoleto en Sant Joan d’Alacant, fuera de su ciudad, en condiciones que vulneran sus derechos básicos.
Un abandono calculado
Desde 2016, cuando El Somni se independizó del CEIP Gloria Fuertes, las promesas han sido muchas, pero las acciones, ninguna. Primero, los enviaron a un centro provisional en el Doctor Esquerdo. Luego, en 2022, los trasladaron a barracones. Hoy, siguen en un antiguo colegio con instalaciones completamente inadecuadas. Un alumnado que requiere espacios adaptados se encuentra con aseos infantiles y escaleras metálicas que generan un ruido insoportable para quienes padecen hipersensibilidad auditiva. Es una situación vergonzosa, fruto de una política que no cree en la educación pública y que prefiere mirar hacia otro lado.
La derecha política ha demostrado, una vez más, que su preocupación por la educación pública es nula. La falta de inversión en infraestructuras educativas no es casualidad; es una estrategia deliberada para debilitar la enseñanza pública y favorecer la privada y concertada. Mientras que los recursos fluyen sin problemas hacia otros proyectos, la educación pública se desmorona.
Un ayuntamiento que da la espalda a la educación
El alcalde de Alicante, Luis Barcala y su concejala de educación Mari Carmen de España son los principales responsables de este abandono. Su administración ha boicoteado el Plan Edificant impulsado por el anterior gobierno autonómico progresista y, a día de hoy, sigue sin destinar ni un solo euro a la construcción del centro. La parcela está asignada, los planos están hechos, pero la ejecución se retrasa indefinidamente sin explicación alguna. Ni siquiera ha tenido la decencia de visitar a los alumnos y alumnas en sus distintas ubicaciones para conocer de primera mano su realidad.
No es solo una falta de gestión; es una falta de voluntad política. La educación de estos chicos y chicas no es una prioridad para el Partido Popular. No lo ha sido en estos ocho años, y no lo será si las familias no siguen luchando y exigiendo lo que les corresponde.
No es un «contenedor de personas», es su futuro
Las familias y el profesorado llevan años denunciándolo: la educación especial no puede reducirse a un «contenedor de personas». Cada alumno y alumna necesita una atención personalizada y unas instalaciones adaptadas para desarrollar todo su potencial. Sin embargo, el Ayuntamiento sigue tratándolos como ciudadanos de segunda, confinándolos en un espacio que no cumple con los mínimos requisitos para su bienestar y aprendizaje.
El tiempo de las excusas ha terminado. La comunidad educativa de El Somni merece respeto y soluciones inmediatas. No pueden seguir esperando mientras la derecha sigue despreciando la educación pública y los derechos de los más vulnerables. Alicante no puede permitirse seguir condenando a estos jóvenes a la precariedad educativa.
El Somni es mucho más que un colegio: es una prueba de cómo la política de la derecha castiga la educación pública. Y es, también, un recordatorio de que solo con una sociedad movilizada y exigente se pueden frenar estos atropellos.
La educación no es un privilegio. Es un derecho. Y es hora de que el Ayuntamiento de Alicante lo garantice.
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