En política hay un gesto muy español que consiste en señalar al horizonte con el dedo mientras se pisa un charco propio. Es un gesto elegante: permite parecer indignado sin tener que mirar demasiado hacia abajo. Algo así ha ocurrido con la última exigencia del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, al Gobierno central para que financie los proyectos de “Vertido Cero” en Rincón de León y Monte Orgegia.
La reclamación, en sí misma, es razonable. Las depuradoras necesitan modernizarse, la reutilización del agua es imprescindible y Alicante arrastra desde hace años un déficit de infraestructuras hidráulicas que nadie ha terminado de resolver. Hasta ahí, poco que discutir.
Lo curioso aparece cuando uno levanta la vista y mira unos cientos de metros hacia el mar. Porque mientras se invoca la protección de la bahía y se advierte del riesgo de incumplir la Directiva Marco del Agua, en el puerto de Alicante se ha ido consolidando, con paciencia administrativa, un modelo bastante peculiar: depósitos industriales junto al frente urbano, cruceros cada vez más frecuentes descargando miles de turistas de golpe y una política portuaria basada, en esencia, en dejar hacer al mejor postor.
No es una metáfora: es el modelo. La Autoridad Portuaria, que no depende precisamente de una comuna libertaria escandinava sino de las mismas estructuras políticas que hoy levantan la voz, lleva años gestionando el puerto como si fuera un solar disponible para cualquier actividad que pague el alquiler. Si alguien llega con un proyecto que ocupa espacio, genera tráfico o añade presión ambiental, se estudia. Y si además viene acompañado de una buena previsión de ingresos, mejor.
Mientras tanto, la ciudad observa cómo su fachada marítima se llena de decisiones tomadas lejos del debate público. Los cruceros, por ejemplo, se presentan como un triunfo turístico cuando en realidad funcionan como excursiones masivas de pocas horas: miles de personas que desembarcan, recorren el centro a toda velocidad y regresan al barco dejando más presión que riqueza real.
A cambio, Alicante asume el paquete completo: emisiones, saturación puntual del casco urbano y una transformación progresiva del centro histórico en un escenario cada vez más orientado al visitante de paso.
Pero lo verdaderamente interesante es el contraste discursivo. Por un lado, se habla con solemnidad de proteger la bahía, de cumplir las normativas europeas y de evitar vertidos. Por otro, se impulsa –o se tolera– un modelo portuario que introduce otras formas de presión ambiental y urbana sobre exactamente el mismo espacio. Es como preocuparse por una gotera mientras se deja la ventana abierta en medio de una tormenta.
La coherencia, en política y en urbanismo, tiene una costumbre incómoda: suele exigir mirar el conjunto. Las depuradoras son necesarias, sin duda. Pero la salud ambiental de una bahía no depende solo de lo que sale por una tubería. También de lo que entra por el puerto, de cómo se planifica el litoral y de qué modelo de ciudad se decide construir (y más ahora que siguen montando su PGU sin contar con nadie).
Alicante tiene derecho a exigir inversiones al Estado. Lo que resulta un poco más complicado es hacerlo con gesto solemne mientras, a pocos metros, se continúa ampliando un modelo que convierte el puerto en una mezcla de terminal turística exprés y polígono industrial marítimo.
Al final, uno tiene la sensación de que el problema no es la falta de proyectos, ni siquiera la falta de dinero. El problema es algo más antiguo: la facilidad con la que en esta ciudad se reclama responsabilidad siempre en dirección contraria. Porque, curiosamente, el dedo que señala hacia Madrid rara vez se gira hacia el propio muelle.
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