Mientras hace apenas unos días miles de docentes salían a la calle para reclamar cuestiones tan básicas como la descongelación de sus sueldos —que llevan años perdiendo poder adquisitivo— y un freno al deterioro constante de la educación pública, la Conselleria de Educación ha optado por mover ficha en otro frente: el disciplinario. Medidas visibles, contundentes y fácilmente vendibles, aunque no necesariamente las más urgentes.
A partir del próximo 7 de enero, los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana podrán expulsar a un alumno por insultar o agredir a un profesor, así como por cometer acoso o ciberacoso contra otros estudiantes o miembros de la comunidad educativa. Es el principal cambio del nuevo decreto de convivencia aprobado por la Conselleria, que endurece el régimen sancionador ante unos conflictos en las aulas que, según la propia Administración, prácticamente se han triplicado en cinco años.
La norma considera falta grave la agresión física o moral, la injuria, las amenazas, las coacciones y cualquier forma de acoso, además de la violencia de género y la discriminación por motivos de raza, religión, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. También se incluye la difusión no autorizada de imágenes, los daños intencionados a instalaciones, la suplantación de identidad o el acceso indebido a archivos del centro.
Las sanciones previstas van desde tareas educativas fuera del horario lectivo y la retirada de actividades extraescolares, hasta la suspensión de asistencia al centro durante un periodo de entre quince y treinta días, e incluso, de forma excepcional, el cambio de centro del alumno sancionado.
Educación justifica el endurecimiento de las medidas en el aumento de las llamadas “incidencias de convivencia”, que han pasado de 4.543 en 2018 a 11.403 en 2023. Una cifra que ha generado alarma entre las familias y ha incrementado la presión y la ansiedad del profesorado, que reclama desde hace tiempo más respaldo institucional y menos burocracia.
El decreto pone especial énfasis en la protección del alumnado vulnerable. Cuando la víctima tenga necesidades específicas de apoyo educativo, como TDAH o trastornos del espectro autista, la conducta del agresor se considerará más grave, con la correspondiente agravación de las sanciones. Además, se refuerzan los derechos de las víctimas a la información, al acompañamiento y a la participación activa en los procedimientos.
Junto a la vía punitiva, la Conselleria mantiene la opción de un “procedimiento conciliador”, siempre que el alumno reconozca los hechos y acepte medidas educativas de reparación, y promete agilizar los expedientes disciplinarios mediante un nuevo módulo digital en la plataforma Ítaca.
Todo ello llega acompañado de campañas como la impulsada por la Policía Nacional contra el acoso escolar, bajo el lema #NoTeLoGuardes. Iniciativas que, sin duda, apuntan a problemas reales en los centros, pero que contrastan con el silencio administrativo ante otras demandas igual de estructurales: salarios congelados, plantillas tensionadas y una educación pública que, según denuncian los propios docentes, sigue recibiendo más parches que soluciones de fondo.
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