La primera jornada de huelga nacional de médicos en la Comunitat Valenciana ha evidenciado, una vez más, la distancia entre quienes sostienen el sistema sanitario y quienes lo gestionan desde los despachos. Más de 8.000 consultas suspendidas y 206 cirugías aplazadas muestran el impacto de un paro al que la profesión ha acudido de manera masiva, según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). El sindicato eleva el seguimiento por encima del 75% en primaria y del 90% en hospitales, una cifra que contrasta con el 15% que la Conselleria insiste en difundir para restar fuerza a la protesta.
El motivo del conflicto es el nuevo borrador del Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud, impulsado por el Ministerio sin diálogo real con quienes sostienen la asistencia. CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), junto a otras organizaciones, han convocado cuatro jornadas de huelga —del 9 al 12 de diciembre— para denunciar que este texto ignora la precariedad, las jornadas maratonianas y la sobrecarga asistencial que llevan años denunciando.
Servicios mínimos que impiden hacer huelga
La contundencia de la respuesta profesional se explica también por unos servicios mínimos abusivos. La secretaria provincial de CESM en Valencia, Pilar Valero, recuerda que “muchos servicios están obligados a trabajar con el 100% de la plantilla o con ratios superiores al 50%”, lo que convierte el derecho a la huelga en una ficción. Aun así, subraya, “el seguimiento es amplísimo: los médicos decimos ‘basta’, porque defender la sanidad pública también significa defender nuestras condiciones laborales”.
Ante esta situación, CESM ha solicitado medidas cautelares al TSJCV para revisar los servicios mínimos impuestos por la Conselleria.
Jornadas laborales extenuantes, guardias interminables y un Estatuto que no reconoce la singularidad médica
Durante toda la semana están previstas concentraciones en los centros sanitarios. El objetivo: visibilizar que el nuevo Estatuto Marco no ofrece soluciones reales a problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas. Guardias que sobrepasan con creces cualquier límite razonable, jornadas extenuantes, falta de reconocimiento normativo del ejercicio médico y una financiación insuficiente que deja al SNS en permanente estado de tensión.
Mientras tanto, desde la Conselleria de Sanidad se ha optado por la estrategia habitual: minimizar la huelga y culpar al Gobierno central. El conseller Marciano Gómez lamenta la “improvisación” del Ministerio y exige que retire el borrador para abrir un proceso de consenso. Sin embargo, el departamento que dirige no ha dudado en imponer unos servicios mínimos que, en la práctica, bloquean el derecho de los profesionales a parar, dificultando así una negociación en igualdad de condiciones.
Desde Sanidad se insiste en que la reforma del Estatuto debe hacerse “con memoria técnica, jurídica y económica”, pero el propio conseller admite que el borrador no afronta cuestiones esenciales: la falta de financiación estable, la escasez de personal y la necesidad urgente de mejoras laborales. Es decir, exactamente lo que el colectivo lleva años reclamando.
El conflicto, lejos de ser un problema coyuntural, evidencia una desigualdad de fondo: mientras la administración decide cuántas horas pueden trabajar los médicos, no aplica los mismos criterios de control a la sanidad privada, donde las jornadas pueden extenderse sin límite y sin supervisión real. En ese contexto, no sorprende que la profesión estalle y exija condiciones dignas para poder garantizar la atención que la ciudadanía merece.
La huelga continuará hasta el viernes 12. La pelota está en el tejado del Ministerio, pero también en el de las administraciones autonómicas, que deben dejar de mirar hacia otro lado y asumir que sin profesionales en condiciones dignas no hay sanidad pública posible.
Deja una respuesta