Mientras miles de personas en España siguen sin poder permitirse una vivienda digna, las grandes plataformas inmobiliarias continúan manejando el mercado desde una opacidad casi absoluta. Idealista y Fotocasa, convertidos en actores centrales del acceso a la vivienda, siguen sin explicar cómo funcionan los algoritmos que determinan qué vemos, qué precios asumimos como “normales” y qué expectativas se nos imponen a quienes buscamos un techo.
El grupo Sumar ha llevado este problema al Congreso, exigiendo que ambas compañías den explicaciones sobre la falta de transparencia, la posible distorsión del mercado y el impacto que estos mecanismos tienen en la vida de miles de familias. La preocupación es clara: nadie sabe realmente cómo operan estas plataformas que se han vuelto imprescindibles para encontrar casa, pero cuyos engranajes parecen diseñados para inflar precios y favorecer a quienes más poder económico acumulan.
El funcionamiento interno de estas webs se ha convertido en una auténtica caja negra. La falta de claridad dificulta entender por qué ciertos anuncios aparecen primero, por qué determinadas viviendas suben de precio de un día para otro o por qué algunos perfiles de usuarios reciben unas opciones y otros no. Lo que sí se sabe es que quien puede pagar más tiene más visibilidad. Es decir, los anuncios de quienes tienen más recursos económicos se muestran antes y mejor, forzando al resto a asumir como “normales” cifras fuera de toda lógica.
A esto se suman servicios de pago que, al mejorar fotos, posicionar anuncios o tasar viviendas con sistemas automatizados, refuerzan aún más la desigualdad entre grandes propietarios y personas particulares. Los sistemas de tasación digital, además, suelen estar basados en modelos que no captan la realidad dinámica del mercado y tienden a empujar los precios al alza, construyendo una imagen artificial que termina repercutiendo en la ciudadanía.
Segmentación que excluye y discrimina
Otro de los elementos más preocupantes es la segmentación de usuarios. Los algoritmos clasifican, filtran y muestran viviendas en función del barrio, la capacidad económica real o supuesta, o incluso del comportamiento digital de cada persona. De este modo, ciertos perfiles jamás llegan a ver determinadas ofertas, quedando excluidos del mercado antes siquiera de poder intentarlo.
En la práctica, esto refuerza desigualdades estructurales, permite la discriminación encubierta y convierte el acceso a la vivienda en un proceso en el que quienes menos tienen parten en clara desventaja, no solo frente a grandes tenedores, sino también frente a un sistema automatizado que los considera poco “rentables”.
La distancia entre los precios que muestran estas plataformas y los precios reales de compraventa no ha dejado de aumentar. En los últimos cinco años, la brecha entre el precio anunciado y el precio real ha crecido más de 30 puntos. Hoy, los anuncios son, de media, casi un 45% más caros que las operaciones registradas ante notario. Esta inflación artificial no solo engaña: empuja hacia arriba las expectativas del mercado, dificulta aún más el acceso y normaliza cifras imposibles para la mayoría de la población.
Lo que para algunos es negocio, para otros es una condena: la imposibilidad de emanciparse, la angustia de encadenar alquileres abusivos, la renuncia a formar un proyecto de vida en un lugar estable. En definitiva, la precariedad habitacional convertida en norma.
















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