Alarmante y profundamente indignante. Así es la situación que viven las familias del colegio Cañada del Fenollar de Alicante, atrapadas en un entorno que no solo es indigno para el desarrollo educativo de 150 menores, sino peligrosamente inseguro. Un centro escolar construido en plena rambla, expuesto a las inclemencias meteorológicas más mínimas, sin que ni el Ayuntamiento ni la Conselleria de Educación hayan movido un dedo con eficacia para poner solución a una problemática que se arrastra desde hace años.
La dejadez institucional ha sobrepasado todos los límites de la lógica y el respeto. Porque no se trata de un capricho, ni de una mejora estética. Se trata de la seguridad de niñas y niños que, cada vez que caen cuatro gotas, ven cómo el agua irrumpe en sus aulas prefabricadas, desbordando váteres y anegando el suelo donde deberían aprender, crecer y jugar. Y no se trata de una casualidad: llevan años advirtiéndolo, y lo sucedido recientemente con la DANA en Valencia ha encendido aún más las alarmas. ¿Qué más tiene que pasar para que las autoridades actúen?
En 2019 se prometió un nuevo centro. Se aprobó un proyecto. Se anunció una inversión. Y, como tantas otras veces, las promesas se han ido disolviendo en el tiempo, igual que se disuelve la confianza de las familias en unas instituciones que demuestran una alarmante capacidad para mirar hacia otro lado. Mientras tanto, las criaturas siguen en barracones obsoletos, con instalaciones que rozan lo tercermundista. Ni siquiera la red eléctrica está a salvo: una simple rata ha bastado para que se interrumpa la actividad lectiva. ¿Cómo puede esto considerarse educación pública digna?
Los padres y madres ya no aguantan más. Este lunes, han alzado la voz frente al colegio, hartos de excusas, de retrasos presupuestarios, de una burocracia lenta y ciega al sufrimiento real de las familias. Porque esto no es un asunto técnico: es un desprecio absoluto a la escuela pública y a quienes la sostienen día tras día, pese a las condiciones.
Mientras en otros contextos las soluciones llegan con agilidad, en Cañada del Fenollar todo se eterniza. Cada curso comienza con la incógnita de si esta vez sí se dignarán a cumplir con lo prometido. Pero no hay más tiempo. No se puede seguir jugando con la seguridad de 150 niños. No se puede tolerar que la escuela pública siga siendo maltratada con tal impunidad.
Es hora de exigir responsabilidades, de señalar con nombres y apellidos a quienes han permitido este abandono. Porque cuando ocurra una desgracia —y la posibilidad no es remota— no bastará con comunicados ni con gestos de última hora. La inacción ya no es una negligencia: es una amenaza directa a los derechos más básicos de la infancia. Y eso, sencillamente, no se puede permitir.
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