El recién estrenado Gobierno de Juanfran Pérez Llorca afronta ya su primera gran prueba: una huelga masiva del sector educativo que evidencia un hartazgo que no llega de ayer, sino de años de desprecio hacia un pilar esencial de cualquier sociedad. Este jueves, 11 de diciembre, miles de docentes, personal de apoyo, administración y servicios del sistema educativo no universitario valenciano paralizan los centros para exigir lo que debería ser obvio en un territorio próspero: salarios dignos y condiciones laborales justas.
Mientras en otras comunidades todos los funcionarios han visto mejoras, en el País Valencià persiste un agravio histórico: el profesorado valenciano es, prácticamente, el peor pagado de España, a pesar de vivir en una de las autonomías con el coste de vida más elevado. Se cumple, tristemente, el viejo refrán: “más pobre que un maestro de escuela”. En pleno 2025, en una comunidad rica, ese dicho no solo sigue vigente: se agrava.
Una plantilla exhausta que exige respeto
Las movilizaciones se entienden solas. En septiembre, Educación se negó a negociar mejoras esenciales: reducción de ratios, disminución de la carga burocrática, refuerzo de plantillas, inversiones urgentes en infraestructuras —incluidas zonas aún afectadas por la DANA— y la retirada de una ley educativa que, lejos de fortalecer la escuela pública, la debilita aún más.
La pérdida de poder adquisitivo del profesorado valenciano supera ya el 20% desde 2007. Año tras año, las nóminas pierden valor mientras la responsabilidad crece: aulas cada vez más llenas, necesidades educativas complejas y una burocracia que asfixia. El sistema sigue en pie únicamente por la vocación y el esfuerzo de quienes lo mantienen, pero la paciencia se ha agotado.
A la infravaloración salarial se suman situaciones inexplicables en una administración moderna: centenares de docentes llevan desde septiembre sin cobrar un solo euro por supuestos “fallos informáticos”. En la práctica, trabajan gratis mientras la Conselleria pide paciencia. Años de retrasos, errores y promesas incumplidas han convertido una anomalía en rutina.
Las plantillas, además, son insuficientes. La Generalitat denunció el acuerdo de 2023 y recortó personal, dejando aulas mal atendidas desde el inicio de curso. Y con ratios heredadas de la crisis de 2010, la calidad educativa se resiente, especialmente en etapas clave, en FP y en alumnado con necesidades específicas.
La burocracia: enemigo silencioso de la educación pública
Los docentes denuncian una carga burocrática desproporcionada: informes, planes, plataformas, registros infinitos… Cada nueva medida llega acompañada de más papeleo y ningún recurso adicional. Se exige innovación, atención personalizada e inclusión real mientras se resta tiempo para lo esencial: enseñar y atender al alumnado.
Centros con barracones y obras eternas
Las infraestructuras siguen siendo un lastre. La reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA acumula retrasos, algunos centros comenzaron el curso tarde y los barracones, supuestamente provisionales, se eternizan. No puede hablarse de calidad educativa cuando miles de estudiantes aprenden en espacios indignos.
La defensa del valenciano, también en riesgo
La llamada “ley de libertad educativa” ha abierto la puerta a un debilitamiento del valenciano, especialmente en zonas castellanohablantes. Centros que votaron democráticamente impartir enseñanzas en valenciano han tenido que pelear durante meses para que la administración respetara su decisión. El resultado: segregación del alumnado y un retroceso en derechos lingüísticos.
Una huelga que defiende mucho más que un sueldo
El 11 de diciembre marcará un punto de inflexión: la comunidad educativa valenciana exige salarios dignos, plantillas suficientes, ratios humanas, menos burocracia, infraestructuras decentes y respeto a la lengua propia. No se trata únicamente de mejorar las condiciones laborales de los docentes, sino de garantizar una educación pública fuerte, inclusiva y de calidad.
Muchos maestros y profesores describen un cansancio profundo: se sienten ignorados, maltratados y agotados. No es solo una cuestión económica: es una lucha por la dignidad profesional y por la defensa de la escuela pública valenciana, hoy más amenazada que nunca por la falta de inversión, de planificación y de respeto institucional.
Los interinos, además, viven situaciones aún más duras: impagos, cambios normativos arbitrarios, inestabilidad constante y huelgas prolongadas para recuperar derechos básicos. Y mientras tanto, en algunos centros sigue sin llegar personal imprescindible, como educadores de educación especial solicitados hace meses.
Porque un país que maltrata a sus maestros está condenado a un futuro más pobre. Porque en una comunidad rica no puede seguir siendo real que sea más pobre quien educa a los hijos de todos. Porque ya no queda nada más que decir: es hora de que la Generalitat escuche, cumpla y dignifique la educación pública valenciana.
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