El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una nueva bonificación del 25% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para transmisiones entre hermanos y sobrinos, porcentaje que se elevará al 50% en 2027. La medida se suma a la bonificación del 99% ya vigente entre hijos, padres y cónyuges, y a una nueva reducción del 99% en la base imponible para sociedades holding que gestionen negocios reales.
El anuncio se produjo durante la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en un foro eminentemente empresarial donde la medida fue bien recibida por representantes del tejido económico. Según la Generalitat, la reforma pretende facilitar el relevo generacional en empresas familiares y garantizar su continuidad.
Sin embargo, la ampliación de beneficios fiscales reabre el debate sobre el modelo tributario y su impacto en la equidad social. El Impuesto de Sucesiones grava la transmisión de patrimonio y constituye uno de los instrumentos clásicos para favorecer la redistribución de la riqueza. Diversos expertos en política fiscal recuerdan que los impuestos no solo financian servicios públicos, sino que también cumplen una función correctora de desigualdades, especialmente en la transmisión intergeneracional de grandes patrimonios.
La reforma amplía además los familiares beneficiarios hasta el cuarto grado —incluidos primos— y flexibiliza los requisitos cuando el fundador esté jubilado. También elimina la obligación de escritura pública en donaciones inferiores a 4.000 euros, permitiendo su formalización digital. Desde el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa) han celebrado la iniciativa, subrayando que aliviará la carga fiscal y favorecerá la continuidad empresarial.
No obstante, voces críticas apuntan a que una reducción progresiva del impuesto en transmisiones patrimoniales beneficia principalmente a quienes poseen estructuras societarias y patrimonios significativos, mientras que el grueso de la ciudadanía depende de los ingresos públicos para sostener servicios esenciales como sanidad, educación o dependencia.
El propio presidente defendió durante su intervención que es “compatible bajar impuestos y garantizar servicios públicos fuertes”, recordando anteriores reducciones en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como deducciones en el IRPF. También destacó que la eliminación previa del impuesto entre familiares directos provocó un incremento del 60% en las donaciones declaradas.
Sin embargo, economistas consultados advierten de que el aumento de operaciones no implica necesariamente mayor justicia fiscal, sino un cambio en la planificación patrimonial incentivado por la reducción tributaria. Además, la ampliación de beneficios en sucesiones empresariales coincide con un contexto en el que el propio presidente mantiene vínculos con el ámbito empresarial, lo que ha suscitado críticas políticas por un posible conflicto de intereses, aunque desde el Consell se insiste en que la medida tiene carácter general y busca proteger el empleo.
El debate de fondo vuelve a situar sobre la mesa una cuestión clásica en política económica: quién debe sostener el esfuerzo fiscal y en qué proporción. En un sistema progresivo, la lógica establece que quienes más patrimonio acumulan contribuyan en mayor medida al sostenimiento del conjunto. La rebaja continuada de impuestos sobre grandes transmisiones patrimoniales plantea interrogantes sobre el equilibrio entre competitividad económica y cohesión social.
Mientras el empresariado celebra la reforma como un impulso al relevo generacional, el debate público se intensifica en torno a una idea central: los impuestos no son solo una carga, sino una herramienta para construir una sociedad más equitativa, donde la contribución sea proporcional a la capacidad económica de cada cual.
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