La tercera jornada de huelga indefinida del profesorado valenciano ha vuelto a dejar claro que el conflicto educativo no es una protesta menor ni un gesto simbólico. Con un seguimiento del 75%, una cifra que incluye también bajas, servicios mínimos y otras situaciones administrativas, la movilización mantiene una incidencia muy significativa en el conjunto del sistema educativo valenciano y confirma el malestar profundo de los centros y que son los profesores y los padres quienes están defendiendo la escuela pública ante el evidente desplante de la Consellería de Educación.
Después de unas primeras jornadas marcadas por manifestaciones masivas y por protestas descentralizadas en numerosos municipios, la presión del profesorado ha obligado a la Conselleria de Educación a mover ficha y convocar de nuevo la mesa sectorial. El comité de huelga ha aceptado retomar las conversaciones, pero ha dejado claro que la convocatoria no paraliza el calendario de movilizaciones. La huelga continúa y, para desconvocarla, la Administración deberá poner sobre la mesa una propuesta sólida, concreta y aplicable.
El profesorado no reclama privilegios. Reclama condiciones dignas para enseñar y para que el alumnado pueda aprender en una escuela pública con recursos suficientes. Las reivindicaciones incluyen mejoras salariales, reducción de ratios, estabilidad de las plantillas, atención real a la diversidad, refuerzo de personal, mejora de las infraestructuras y medidas efectivas contra la sobrecarga burocrática. Es decir, medidas que afectan directamente a la calidad educativa.
Sin embargo, la respuesta del Consell ha vuelto a refugiarse en el argumento de la falta de fondos. La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha cifrado en 2.400 millones el coste de las reivindicaciones docentes y las ha calificado de inasumibles por la situación de infrafinanciación valenciana. Pero ese argumento se debilita cuando el mismo Gobierno valenciano aprueba rebajas fiscales que benefician especialmente a las rentas altas y, al mismo tiempo, rechaza el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno central, que supondría 3.600 millones de euros adicionales. ¡1200 millones de beneficio y todo!
La contradicción es evidente: se invoca la falta de dinero cuando se trata de educación pública, pero se renuncia a ingresos y a financiación extra cuando la prioridad política es otra. No es solo un problema de cuentas, sino de modelo. El Consell dice que no puede asumir las demandas del profesorado, pero sí puede bajar impuestos a quienes más tienen. Dice que la infrafinanciación limita su margen de actuación, pero rechaza una propuesta que incrementaría los recursos disponibles para los servicios públicos valencianos.
Mientras tanto, los centros siguen sosteniéndose gracias al esfuerzo de docentes que trabajan en condiciones cada vez más difíciles. La huelga ha conseguido colocar esa realidad en el centro del debate público. También ha demostrado que la presión organizada sirve: con movilización, hay negociación.
Los sindicatos acudirán a la mesa con la fuerza de miles de docentes movilizados y con el respaldo de una comunidad educativa que sabe que este conflicto no se resuelve con gestos mínimos ni con ofertas parciales. La propuesta de 75 euros brutos repartidos en tres años fue recibida como una provocación por un colectivo que lleva años denunciando recortes, sobrecarga y falta de reconocimiento.
La Conselleria tiene ahora la oportunidad de demostrar si quiere negociar de verdad o simplemente ganar tiempo. El profesorado ha sido claro: la huelga seguirá hasta que haya una propuesta satisfactoria y hasta que sea el propio colectivo quien la avale. La movilización continuará con concentraciones ante las delegaciones territoriales de Educación y con una gran manifestación unitaria del viernes en València, llamada a convertirse en una nueva demostración de fuerza.
La escuela pública valenciana no puede seguir funcionando a base de sacrificio docente. Defender al profesorado es defender al alumnado, a las familias y al futuro de los servicios públicos. Y en este conflicto, la pregunta ya no es cuánto cuesta atender las reivindicaciones de quienes sostienen las aulas, sino cuánto le cuesta a la sociedad valenciana seguir ignorándolas.
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