El conflicto educativo en la Comunitat Valenciana continúa abierto tras la última propuesta de la Conselleria de Educación, que mantiene la subida salarial de 200 euros brutos mensuales y emplaza a los sindicatos a aceptar o rechazar el documento en un plazo mínimo. Una presión que las organizaciones sindicales consideran incompatible con una negociación real y con el derecho del profesorado a consultar una decisión que afecta a miles de docentes.
La huelga indefinida sigue adelante en un contexto de desgaste económico creciente para el profesorado. En apenas una semana, muchos docentes han perdido ya más de mil euros, con descuentos que pueden situarse entre los 100 y los 200 euros diarios. Pese a ello, la movilización se mantiene porque, según defienden los sindicatos y buena parte del colectivo, las reivindicaciones planteadas no son privilegios, sino mínimos laborales y educativos.
La protesta reclama mejoras salariales, reducción de ratios, refuerzo de plantillas, sustituciones más ágiles y condiciones dignas para sostener la educación pública valenciana. El profesorado denuncia que la administración pretende convertir la negociación en un ultimátum, cuando una institución pública tiene la obligación de dialogar, escuchar y permitir que las propuestas sean valoradas por las bases.
El malestar aumenta, además, por el contraste entre el discurso de falta de recursos y determinadas decisiones presupuestarias. El DOGV publicó el 18 de mayo una resolución con más de 6,2 millones de euros en ayudas a centros privados concertados sostenidos con fondos públicos para la adquisición de equipamiento de robótica, programación y lenguaje computacional. Una nueva aportación que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las prioridades del Consell.
Desde el sector educativo se insiste en que el problema no es la ausencia de dinero, sino la elección política de dónde se invierte. Mientras se presenta como inasumible avanzar en las demandas del profesorado de la pública, continúan las transferencias de fondos a la red privada-concertada. Para quienes sostienen la huelga, este contraste evidencia un modelo que debilita lo común y favorece la privatización progresiva de los servicios públicos.
El conflicto va más allá de una subida salarial. La huelga docente se ha convertido en un pulso sobre el modelo educativo y social que se quiere construir en la Comunitat Valenciana. De fondo, late una crítica más amplia a unas políticas que, según denuncian los sectores movilizados, encarecen el acceso a la vivienda, permiten la especulación y convierten derechos básicos —sanidad, educación, transporte, cuidados o servicios urbanos— en oportunidades de negocio.
La educación pública no se defiende con discursos, sino con presupuesto, negociación y respeto al profesorado. Esa es la idea central que atraviesa una movilización que no solo habla de nóminas, ratios o plantillas, sino también de ética pública, democracia y futuro colectivo.
Porque lo que está en juego no es únicamente cuánto cobra un docente. Lo que está en juego es si la escuela pública valenciana será una prioridad real o seguirá sobreviviendo a base de agotamiento, precariedad y voluntarismo.
Y en eso no hay ultimatums que valgan.
Deja una respuesta