Hay países que creen que pueden construir democracia dejando los cadáveres debajo de la alfombra. España, por desgracia, es uno de ellos. Durante décadas se nos ha repetido que remover el pasado abre heridas, cuando la verdad es exactamente la contraria: lo que pudre una sociedad no es investigar los crímenes, sino enterrarlos sin justicia, sin reparación y sin verdad. Lo que envenena la democracia no es preguntar quién torturó, quién fusiló, quién firmó órdenes, quién encubrió desapariciones o quién se benefició del terror. Lo que la envenena es aceptar que todo eso quede impune porque “ha pasado mucho tiempo” o porque muchos de los culpables ya están muertos.
Que estén muertos no borra lo que hicieron. Que los verdugos hayan envejecido, hayan ocupado cargos, hayan recibido honores o hayan muerto tranquilamente en sus camas no convierte sus crímenes en asuntos menores. La justicia no consiste solo en sentar a alguien en un banquillo. También consiste en nombrar. En documentar. En abrir archivos. En escuchar, y consolar – de alguna manera – a las víctimas. En señalar responsabilidades. En explicar a las nuevas generaciones que la dictadura no fue una anécdota incómoda ni una etapa gris, sino un régimen construido sobre la violencia, el miedo, la represión y el silencio.
Por eso investigar los crímenes del franquismo no es una obsesión del pasado. Es una necesidad democrática del presente. Porque cuando un país renuncia a esclarecer su propia barbarie, deja espacio para que otros la maquillen. Y ahí estamos. Viendo cómo proliferan discursos de ultraderecha que relativizan la dictadura, blanquean el fascismo, se burlan de las víctimas y convierten la memoria democrática en una especie de capricho ideológico. No es casualidad. La impunidad siempre deja descendencia política.
Cuando no hay verdad, crece el revisionismo.
Cuando no hay justicia, crece la desvergüenza.
Cuando no hay reparación, crece la nostalgia del verdugo.
Y entonces aparecen quienes hablan de “excesos”, de “los dos bandos”, de “pasar página”, como si se pudiera pasar página sin haberla leído antes. Como si una democracia pudiera permitirse el lujo de no saber dónde están sus desaparecidos. Como si las familias que siguen buscando a sus muertos tuvieran que pedir permiso para reclamar dignidad.
Esclarecer los crímenes del franquismo es sano. Es profundamente sano. No por venganza, sino por higiene democrática. No para vivir atrapados en 1936, sino para impedir que 1936 sea utilizado otra vez como amenaza, como guiño, como bandera o como programa político.
La memoria no es mirar atrás con melancolía. Es mirar de frente lo que ocurrió para que no vuelva a repetirse. Y eso exige algo más que homenajes institucionales y placas discretas. Exige voluntad política, valentía judicial y una ruptura real con esa idea peligrosísima de que hay crímenes que, por haber sido cometidos desde el poder, merecen dormir tranquilos.
No.
Los crímenes de una dictadura no prescriben en la conciencia de un pueblo.
Las víctimas no caducan.
La verdad no se archiva.
Por justicia, sí. Por reparación, también. Pero sobre todo por política, en el sentido más noble y urgente de la palabra: porque una democracia que no se atreve a juzgar su pasado queda desarmada frente a quienes quieren repetirlo maquillado de patriotismo, orden y libertad.
Investigar el franquismo no es abrir una guerra. Es cerrar, de una vez, la impunidad sobre la que demasiados han construido su comodidad. Y es decir claramente, sin miedo y sin equidistancias, que ningún futuro democrático puede levantarse sobre fosas comunes, silencios oficiales y verdugos sin nombre.
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