En Alicante hemos perfeccionado un concepto fascinante de participación ciudadana: consiste, básicamente, en enterarte de las decisiones cuando ya están tomadas. A veces incluso con una presentación bonita, infografías limpias y algún turno de preguntas cuidadosamente acotado. Participar, en este modelo, no es decidir: es asistir.
El reciente caso de Les Naus y la forma en que se está presentando el nuevo PGU no son excepciones, sino síntomas. Responden a una manera de entender la política profundamente unidireccional, donde las decisiones nacen en círculos muy concretos y se legitiman después mediante una red de “acreditaciones” que, curiosamente, siempre remiten a los mismos nombres, entidades y espacios de poder.
La pregunta no es solo quién decide, sino en base a qué —y a quién— se considera válido para decidir. Porque cuando uno observa con cierta distancia el ecosistema institucional —Ayuntamientos, Diputación, Autoridad Portuaria, Generalitat, Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales como Jovempa— empieza a dibujarse una red que no es necesariamente ilegal, pero sí inquietantemente cerrada. Una red donde los mismos actores validan, ejecutan y, en ocasiones, se benefician de las mismas políticas públicas.
Y ahí es donde el concepto de clientelismo deja de ser una palabra incómoda para convertirse en una hipótesis razonable. No hace falta que haya sobres ni tramas espectaculares. Basta con una lógica aceptada de funcionamiento donde las decisiones circulan siempre por los mismos canales, donde la interlocución ciudadana es sustituida por intermediarios “legítimos” y donde la discrepancia queda relegada a un papel decorativo.
En ese contexto, la participación ciudadana no desaparece: se redefine. Ya no es un proceso de construcción colectiva, sino una escenificación concebida como un trámite, con validación posterior ¡y todo!. Lo que hace que uno reflexione sobre si lo preocupante no sea solo el modelo en sí, sino su normalización.
Cuando la política se acostumbra a operar de forma unidireccional, cuando las conexiones entre instituciones y entidades privadas se convierten en la vía habitual de decisión, la frontera entre gestión y favoritismo se vuelve difusa. Y, poco a poco, lo que antes habría generado escándalo empieza a percibirse como parte del funcionamiento ordinario.
La investigación sobre Carlos Baño —con todo lo que pueda derivarse de ella— apunta precisamente a esa zona gris. No tanto por los hechos concretos, que deberá esclarecer la justicia, sino por el contexto en el que se producen: un entramado donde las ayudas públicas, las entidades intermedias, una parte muy concreta del mundo empresarial y las decisiones políticas conviven en una proximidad que invita, como mínimo, a la sospecha.
Lo que nos lleva a otro elemento clave: la polarización. Nos gusta pensar que la polarización política nace de las redes sociales, de los discursos extremos o de la confrontación ideológica. Pero quizá también tenga que ver con esto. Con la sensación, cada vez más extendida, de que las decisiones importantes no se toman en espacios abiertos, sino en circuitos cerrados. De que participar no cambia nada. De que todo está, en gran medida, decidido de antemano.
Cuando la ciudadanía percibe que no forma parte real del proceso, no se modera: se distancia. Y ese distanciamiento es el caldo de cultivo perfecto para la desconfianza, el cinismo y, finalmente, la polarización. Porque si la política no escucha, la sociedad deja de hablar el mismo idioma y la relación entre ambos se basa en un día (más campaña) cada cuatro años.
Por eso, como evidencia el debate que suscitan el PGU, Les Naus, la oscuridad de la Autoridad Portuaria o el caso Bañó, el problema no es que la ciudadanía no quiera participar. El problema es que lo que se le ofrece como participación no lo es. Y eso, más que una cuestión de formas, es una cuestión profundamente democrática.
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