No se puede medir la realidad de las familias a través de medias o estadísticas generales. Detrás de cada cifra hay personas y situaciones muy diferentes, y lo que para muchos es cotidiano —comer con normalidad, ir de vacaciones o encender el aire acondicionado— no debería considerarse un lujo. Sin embargo, en Alicante son demasiadas las familias que no pueden permitírselo. Y lo más doloroso es que, lejos de encontrarse soluciones, el problema se extiende mientras se prioriza la imagen por encima de la realidad.
Este verano ha sido especialmente duro para quienes viven en riesgo de exclusión. Muchas familias se ven obligadas a compartir piso y a concentrar toda su vida en habitaciones pensadas para una o dos personas, donde terminan conviviendo cinco o seis. Los espacios comunes apenas sirven de desahogo, y los más pequeños sufren la falta de lugar para jugar o simplemente descansar.
A la falta de espacio se suma el calor insoportable. Mantener una temperatura adecuada en estas viviendas es casi imposible, ya sea porque no hay ventilación suficiente o porque las familias no pueden pagar la electricidad. Las ayudas para cubrir las facturas se han convertido en una de las más urgentes en estos meses, ya que la situación empeora con las altas temperaturas.
El impacto no es solo físico, también emocional. Los adultos cargan con un sentimiento de culpa al ver a sus hijos crecer en estas condiciones, obligados a convivir con personas desconocidas en un entorno que no les ofrece intimidad ni estabilidad. En verano la presión se intensifica: sin colegio ni espacios alternativos, los menores pasan más tiempo en viviendas donde el calor y la falta de comodidad acentúan el malestar.
A todo esto se añaden las trabas administrativas. Los servicios sociales de Alicante acumulan retrasos de meses, lo que deja a muchas familias desatendidas cuando más lo necesitan. Para cuando llega una cita, la urgencia que motivó la solicitud suele haberse agravado o transformado en un problema distinto. Las personas en situación administrativa irregular lo tienen aún peor, ya que directamente se les cierran las puertas de estas ayudas.
La realidad es clara: la vulnerabilidad aumenta y las respuestas llegan tarde o no llegan. Mientras tanto, cientos de familias afrontan el verano más duro en condiciones indignas, atrapadas entre la falta de recursos y una administración que no da abasto.
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