Continúa la polémica por la ampliación de la zona azul en Alicante: ¿Recaudación encubierta o mejora de la movilidad? El controvertido plan de ampliación del servicio de estacionamiento controlado en Alicante, conocido popularmente como la ORA o zona azul, sigue generando tensiones y críticas. Esta vez, las protestas provienen tanto de asociaciones vecinales como de la oposición política, quienes denuncian la falta de transparencia y cuestionan las verdaderas intenciones del equipo de gobierno del Partido Popular (PP).
Vecinos en pie de guerra: «No es movilidad sostenible, es afán recaudatorio»
Las asociaciones de vecinos de varios barrios afectados –como Alipark, Centro Tradicional, San Blas, Oliveretes, Carolinas Bajas, Benalúa, Campoamor y Princesa Mercedes– han dado un paso al frente al formar una plataforma conjunta contra la ampliación de plazas de aparcamiento regulado. Según el estudio preliminar presentado por el Ayuntamiento, la medida busca promover la rotación de vehículos y mejorar la movilidad sostenible. Sin embargo, los residentes lo ven de otro modo.
Denuncian que, lejos de contribuir a una movilidad más eficiente, el objetivo principal sería aumentar la recaudación municipal, encubriendo bajo un supuesto beneficio público lo que consideran una “medida injusta” que solo beneficiará las arcas municipales. La promesa de reservar dos tercios de las nuevas plazas como zona naranja gratuita para residentes no ha convencido a los vecinos, quienes interpretan esta medida como una estrategia para justificar la financiación del nuevo depósito de vehículos en el barrio de Rabasa.
Por ello, exigen al Ayuntamiento que someta la decisión a una consulta vinculante, permitiendo que sean los propios ciudadanos quienes decidan sobre la implementación de la ampliación de la zona azul en sus calles.
¿Consulta popular o imposición política?
La controversia sobre la ampliación de la zona azul en Alicante sigue escalando, con vecinos y oposición exigiendo mayor transparencia y participación ciudadana. Mientras el Ayuntamiento defiende la medida como una solución para mejorar la movilidad urbana, los críticos insisten en que se trata de una maniobra recaudatoria que perjudicará a los residentes.
La pregunta ahora es: ¿atenderá el equipo de gobierno la petición de una consulta popular o continuará adelante con el proyecto pese al creciente descontento ciudadano? La polémica está servida y la ciudadanía espera respuestas.
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