El Ayuntamiento de Elche, liderado por el alcalde Pablo Ruz, ha dado un paso atrás en materia de sostenibilidad y movilidad ecológica. Las medidas adoptadas por la actual corporación han deshecho prácticamente todos los avances logrados por la anterior administración en la lucha por una ciudad más verde y habitable. Entre las decisiones más polémicas destaca la reapertura del tráfico en el centro, la supresión de carriles bici y la imposición de una normativa que dificulta el uso de vehículos de movilidad sostenible como patinetes y bicicletas.
La reciente aprobación de la ordenanza reguladora para el uso de patinetes y bicicletas, que entrará en vigor en 2026, refleja claramente la falta de compromiso del gobierno municipal con la movilidad sostenible. En lugar de fomentar alternativas al coche, la normativa impone trabas que desalientan el uso de estos medios de transporte. Aunque se ha reducido la edad mínima para conducir patinetes de 16 a 14 años con el argumento de favorecer la movilidad de los estudiantes, la medida viene acompañada de restricciones que hacen prácticamente inviable su uso cotidiano. Se prohíbe la circulación de patinetes por aceras y calles peatonales, incluso cuando cuentan con carriles bici señalizados, obligando a los usuarios a compartir la calzada con coches, autobuses y camiones, con el consiguiente peligro para su seguridad.
Además, se establece la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil y el uso de casco, lo que añade más barreras al acceso de este medio de transporte. Mientras que los patinetes eléctricos podrán circular por arcenes de vías interurbanas con casco e iluminación, los patinetes sin motor no tendrán permitido su uso en la calzada, relegándolos a un limbo normativo que limita aún más su viabilidad como opción de transporte.
Las bicicletas tampoco han salido bien paradas en esta nueva regulación. Aunque no se exigirá el uso de casco para adultos, salvo para menores de 14 años, las restricciones de circulación las convierten en un medio de transporte menos atractivo. Se permitirá su uso en calles anchas y plataformas únicas, como la Corredora, pero con una velocidad máxima de 10 km/h, una limitación absurda que impide un desplazamiento eficiente. También se prohíbe el uso de auriculares, una restricción que, si bien puede tener una justificación en términos de seguridad, no deja de ser otra limitación más en una normativa ya de por sí restrictiva.
El Ayuntamiento insiste en que la normativa no tiene un objetivo sancionador, pero establece multas desproporcionadas: 75 euros para infracciones leves, 200 euros para infracciones graves como no llevar casco o seguro, y hasta 500 euros en casos muy graves, como conducir bajo los efectos del alcohol. Más allá del discurso oficial sobre la seguridad ciudadana, la realidad es que esta normativa obstaculiza el uso de alternativas al coche y desincentiva la movilidad sostenible.
El argumento del alcalde de que los hospitales han reportado un incremento de accidentes con patinetes es una justificación insuficiente para endurecer las normas de esta manera. En lugar de apostar por una ciudad con menos tráfico y contaminación, el gobierno municipal ha decidido retroceder y devolver el protagonismo al coche, dejando a ciclistas y usuarios de patinetes en una situación de vulnerabilidad y desprotección. Con estas decisiones, Elche pierde una oportunidad de convertirse en una ciudad moderna y sostenible, optando en su lugar por políticas que favorecen el colapso del tráfico y el deterioro medioambiental.
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