La polémica se enfría, pero no desaparece.
El Ayuntamiento de Alicante ha autorizado la colocación de placas conmemorativas tras el nombramiento de la ciudad como Lugar de Memoria Democrática. Los técnicos municipales han respondido afirmativamente a la petición del Gobierno central y ahora queda pendiente que la Subdelegación concrete los puntos exactos donde deberán instalarse.
Es un gesto que cierra una parte del conflicto, pero no todo el debate. Mientras las placas avanzan por la vía administrativa, el equipo de gobierno sigue adelante con otro frente más delicado: la llamada resignificación de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil.
Ese proceso forma parte del acuerdo presupuestario del PP con Vox y afecta a uno de los espacios más sensibles de la memoria histórica de la ciudad. El Ayuntamiento asegura que no se vulnerará la ley y que no se tergiversará la historia. Defiende que el relato será equilibrado y acusa a la oposición de convertir el asunto en un instrumento ideológico.
Desde la izquierda se sostiene lo contrario. Se recuerda que los contenidos actuales de los refugios fueron elaborados por profesionales del sector turístico y cultural de la Comunitat Valenciana, seleccionados mediante concurso público y avalados por los propios técnicos municipales. Fue, además, la propuesta mejor valorada en el proceso de adjudicación.
La oposición denuncia falta de transparencia y reclama sin éxito el acceso a los expedientes de esa adjudicación. Considera que el debate sobre la resignificación no nace de una necesidad histórica, sino de un pacto político que reabre un relato ya consensuado.
Alicante se convierte así en Ciudad de la Memoria mientras discute cómo contarla. Las placas llegarán. Los refugios cambiarán su discurso o no. Y entre ambos gestos, la memoria democrática sigue siendo un terreno donde la gestión administrativa y la batalla política avanzan en paralelo, pero no en la misma dirección.
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