Más de sesenta familias de Sant Vicent del Raspeig (Alacant) han decidido organizarse a través del Sindicat de Vivenda de Carolines para plantar cara a Nestar, el tercer mayor casero del Estado español, propietario de cerca de 9.500 viviendas en alquiler. Denuncian que este fondo buitre impone cláusulas abusivas en los contratos, obligando a los inquilinos a pagar conceptos que no les corresponden como el seguro de impago, el IBI, la comunidad o la basura. Estas prácticas, que no son otra cosa que usura legalizada, se sostienen gracias a la pasividad de unas instituciones que parecen proteger más a los especuladores que a las familias trabajadoras.
La justicia ya ha dado la razón a la ciudadanía organizada: el Sindicato de Inquilinas de Madrid llevó a Nestar a los tribunales y logró que se declararan abusivas seis de siete cláusulas impugnadas, obligando al fondo a devolver el dinero cobrado indebidamente. Este precedente demuestra que la unión y la movilización son capaces de tumbar las maniobras de quienes convierten un derecho básico como la vivienda en una máquina de beneficios.
En Sant Vicent del Raspeig, los inquilinos han iniciado negociaciones extrajudiciales con Nestar y han dejado claro que no pagarán esas cantidades ilegítimas. “No vamos a ceder, agotaremos todas las vías hasta que atiendan nuestras exigencias”, afirman desde el sindicato. La lucha se extiende y cada vez son más las voces que se alzan contra un modelo que expulsa a las familias de sus hogares para engordar los balances de fondos buitres.
Con las elecciones municipales en el horizonte, los ayuntamientos ya no pueden seguir mirando hacia otro lado: ha llegado el momento de posicionarse. O se está con las vecinas y vecinos que defienden su derecho a la vivienda, o se está con los especuladores que precarizan nuestras vidas. Frente a la gentrificación, la usura y la indiferencia institucional, las vecinas de Sant Vicent lo tienen claro: la calle y la organización son nuestra fuerza, y juntas vamos a frenar a Nestar.
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