Casi cincuenta años han tenido que pasar para que Alicante inicie el proceso de renovación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Un retraso inaceptable que pone de manifiesto la incapacidad de los diferentes gobiernos municipales para alcanzar acuerdos mínimos sobre el modelo de ciudad. La testarudez de los partidos políticos ha prolongado una situación que ha condicionado el desarrollo urbanístico de la ciudad, dejando Alicante atrapada en un marco normativo obsoleto desde 1987.
El alcalde Luis Barcala, quien el pasado año aseguraba que la fase estructural del nuevo PGOU estaría aprobada antes de 2024, ha anunciado ahora que su tramitación se iniciará el próximo lunes 07 de abril. En una rueda de prensa acompañado por la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, presentó el proceso de participación ciudadana, una iniciativa que, aunque necesaria, genera dudas sobre su efectividad real, dada la tendencia del Ayuntamiento a seleccionar interlocutores poco críticos, con excesivos intereses económicos y, generalmente, afines a sus intereses.
Un rayo de esperanza en este panorama desalentador lo constituyen los movimientos ciudadanos y asociaciones que, con su presión y persistencia, han forzado pequeños cambios que, en parte, tendrían un punto culmen en la puesta en marcha de un nuevo PGOU. Su implicación puede ser clave para garantizar que el nuevo plan tenga en cuenta aspectos fundamentales como la sostenibilidad, el diseño de la movilidad y la regeneración urbana, y que no quede subordinado a intereses especulativos y particulares.
El gobierno local ha estructurado el proceso bajo el lema «Alicante, un plan contigo», que incluirá una jornada de presentación, una encuesta online y varios talleres presenciales. El acto inaugural se celebrará el próximo lunes a las 17:00 horas en el auditorio de Puerta Ferrisa, con la presencia de representantes institucionales, colegios profesionales, asociaciones vecinales y ciudadanos interesados.
La consulta previa contempla la realización de tres talleres sobre infraestructura verde y movilidad, crecimiento y desarrollo urbano, y servicios y regeneración urbana. Además, se prevé una presentación pública de los estudios preliminares. Sin embargo, la experiencia indica que estos procesos participativos en muchas ocasiones no son más que un formalismo, en el que las opiniones ciudadanas no tienen un impacto real en las decisiones finales.
La concejala de Urbanismo ha calificado este proceso como «una oportunidad única para decidir el futuro de Alicante». Pero para que realmente lo sea, debe garantizarse un debate plural, inclusivo y con capacidad de incidir en el plan final. De lo contrario, estaríamos ante otro intento fallido de maquillar un urbanismo que, hasta la fecha, ha estado marcado por la improvisación, la falta de transparencia y el predominio de intereses privados sobre el bienestar común.
La cuestión es ¿Para qué tanta prisa ahora?
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