El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de más de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por anunciar decenas de miles de viviendas turísticas sin licencia y por incurrir en prácticas consideradas ilícitas y engañosas para las personas consumidoras. La resolución, ya firme en vía administrativa tras la desestimación del recurso presentado por la compañía, marca un hito en la regulación de las grandes plataformas digitales del alquiler turístico en España.
La sanción, una de las más elevadas aplicadas hasta ahora en este ámbito, supone un paso necesario y largamente reclamado para frenar un modelo de negocio que ha operado durante años al margen de la legalidad, contribuyendo de forma decisiva a la tensión del mercado de la vivienda. La investigación del ministerio ha sacado a la luz más de 65.000 anuncios irregulares, muchos de ellos sin número de licencia, con datos falsos o imposibles de contrastar, y sin información clara sobre si los anfitriones actuaban como particulares o como operadores profesionales. Pero claro, ¿hasta qué punto se daña a la empresa especuladora, si, seguramente, ha sacado 20 veces más de la multa que recibe?
Desde Consumo se subraya que estas prácticas no solo vulneran los derechos de los usuarios, sino que constituyen una forma de competencia desleal y publicidad engañosa. La cuantía de la multa se ha calculado en función del beneficio ilícito obtenido por la plataforma durante el tiempo en que mantuvo activos los anuncios ilegales, y se acompaña de medidas accesorias como la retirada obligatoria de los contenidos ilícitos y la publicación pública de la sanción, con el objetivo de reforzar su efecto disuasorio.
La decisión del ministerio merece ser aplaudida. Supone un mensaje claro: ninguna empresa, por grande que sea, puede situarse por encima de la ley. Sin embargo, el alcance de la medida resulta claramente insuficiente si se observa el impacto real que este tipo de plataformas ha tenido en ciudades profundamente afectadas por la turistificación y la gentrificación, como Alicante. En estos territorios, el alquiler turístico descontrolado ha expulsado a residentes, ha disparado los precios del alquiler y ha transformado barrios enteros en espacios orientados exclusivamente al consumo turístico.
La multa llega cuando buena parte del daño ya está hecho. Durante años, la falta de control efectivo ha permitido que miles de viviendas salieran del mercado residencial para alimentar un modelo especulativo que ha agravado la crisis habitacional. En este contexto, sancionar a Airbnb es un primer paso, pero no basta. Sin una regulación más ambiciosa, una inspección constante y políticas decididas para recuperar vivienda para uso residencial, estas multas corren el riesgo de convertirse en un coste asumible para grandes corporaciones con enormes beneficios.
El propio ministerio vincula esta actuación con la emergencia habitacional que vive el país y con la necesidad de proteger a las familias frente al encarecimiento del acceso a la vivienda. No obstante, la experiencia de ciudades como Alicante demuestra que el problema no se resuelve solo con sanciones puntuales, sino con un cambio estructural del modelo urbano y turístico.
La multa a Airbnb abre una vía necesaria y envía una señal política clara, pero deja sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo se permitirá que los beneficios privados sigan pesando más que el derecho a la vivienda y a la ciudad?
Deja una respuesta