El Gobierno estudia reducir la deducción general del 50 % en el IRPF que actualmente se aplican los arrendadores si deciden subir el alquiler al finalizar el contrato. Una vez más, la respuesta institucional llega en forma de ajuste técnico cuando el problema es estructural. Se habla de modular incentivos, de afinar porcentajes, de premiar o castigar comportamientos, como si el mercado del alquiler fuera un laboratorio y no un incendio.
La propuesta combinaría incentivos de hasta el 100 % para quienes bajen el precio con desincentivos para quienes lo encarezcan. El Ejecutivo insiste en la pedagogía fiscal mientras el mercado sigue funcionando bajo la lógica pura de la especulación. Se quiere mantener un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo —contratos de cinco años— frente al turístico o de temporada, aunque el efecto real de esa distinción es, por ahora, más retórico que efectivo.
Según las filtraciones, la penalización afectaría solo a las subidas al finalizar contrato, no a las actualizaciones anuales vinculadas al IPC. Actualmente, los propietarios tributan solo por el 50 % del rendimiento neto (ingresos menos gastos), porcentaje que antes de la Ley de Vivienda de 2024 era del 60 % y que puede elevarse hasta el 90 % en determinados supuestos. El sistema se ha convertido en una maraña de porcentajes que nadie entiende y que apenas altera el fondo del problema: los precios siguen disparados.
No se aplican estas reducciones a los alquileres turísticos o temporales, que han sido una de las principales vías de tensión en muchas ciudades. Se parchea el alquiler tradicional mientras el negocio intensivo y especulativo ha campado a sus anchas durante años. El resultado es un mercado donde la vivienda habitual compite en desventaja frente a la rentabilidad exprés.
El presidente Pedro Sánchez anunció además un real decreto-ley con una bonificación del 100 % en el IRPF para quienes no suban el precio, aunque la medida ya ha encontrado resistencias parlamentarias. La ministra Isabel Rodríguez insiste en que el Gobierno “no tira la toalla”. Pero insistir no es lo mismo que acertar: el problema no es la falta de voluntad, sino la falta de foco.
Porque el foco debería ser sencillo. Alguien con una segunda vivienda —incluso con una tercera— puede moverse en una lógica de complemento de ingresos, de previsión familiar, de ahorro a largo plazo. Se podrá discutir si debe contribuir más o menos, pero no es el núcleo del problema. El verdadero desequilibrio está en los grandes tenedores, en los fondos y en quienes acumulan decenas o cientos de inmuebles como si fueran fichas de un Monopoly urbano.
Castigar de forma decidida a los especuladores no es demonizar la propiedad: es defender el acceso a la vivienda como derecho y no como activo financiero. A partir de cierto volumen, la vivienda deja de ser inversión razonable y pasa a ser mecanismo de presión sobre el mercado. Es a esos grandes operadores a los que habría que freír a impuestos si encarecen artificialmente el acceso a un bien básico.
Mientras tanto, las instituciones siguen dando palos de ciego: retocan deducciones, anuncian bonificaciones, prometen límites. Todo en un contexto en el que la escasez de oferta y la concentración de propiedad han disparado los precios, expulsando a jóvenes y familias vulnerables del centro de las ciudades. Sin una política fiscal contundente contra la acumulación especulativa, cualquier reforma será solo un titular más en un mercado que no espera.
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