El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha rechazado la pretensión de la mercantil XC Business 90 S. L. de suspender de forma cautelar la denegación de la licencia de obra para construir un centro de distribución de combustibles en el muelle 19 del Puerto de Alicante. La empresa buscaba algo más que tiempo: pretendía empezar las obras mientras se resolvía el litigio de fondo.
El magistrado ha sido claro. Lo que se pedía no era una simple suspensión, sino una medida cautelar de contenido positivo: que el propio juzgado concediera provisionalmente una licencia urbanística que el Ayuntamiento había denegado de forma expresa. En urbanismo —subraya el auto— este tipo de medidas son de carácter extraordinario, casi quirúrgico, porque su concesión supondría anticipar el resultado del pleito y otorgar de facto aquello que la Administración considera que no procede.
El juez advierte además de un riesgo institucional: convertir los tribunales en una nueva ventanilla administrativa. Una idea que, en su formulación, suena a frontera que no debe cruzarse. No se han acreditado circunstancias excepcionales que justifiquen semejante salto.
La negativa municipal, dictada en octubre de 2025, se apoyaba en dos pilares técnicos: la ausencia de la preceptiva autorización de la Autoridad Portuaria al proyecto de obra y la discordancia entre la superficie presentada en el proyecto y la realmente cedida, además de su falta de ajuste al Plan Especial del Puerto. Ese decreto sigue en pie y conserva su plena ejecutoriedad.
Pero más allá del procedimiento y del lenguaje jurídico, la cuestión que late es otra: qué significaría para Alicante la instalación de macrodepósitos de combustibles a escasa distancia del frente urbano.
Hablamos de grandes tanques de almacenamiento de carburantes fósiles en un puerto que convive con barrios residenciales, con la actividad turística y con una ciudad que ha hecho del mar su escaparate. El impacto no sería solo visual —estructuras metálicas de gran volumen dominando el horizonte portuario— sino ambiental y estratégico.
En primer lugar, el riesgo inherente al almacenamiento masivo de productos inflamables: emisiones difusas de compuestos orgánicos volátiles, aumento del tráfico pesado para la distribución, posibilidad —aunque estadísticamente remota— de accidentes con consecuencias graves. El puerto es un espacio industrial, sí, pero también es frontera con la ciudad. Y las fronteras, cuando se difuminan, multiplican las vulnerabilidades.
En segundo término, la calidad del aire. Alicante ya soporta la presión del tráfico urbano y de la actividad portuaria. La incorporación de una infraestructura destinada a la logística de combustibles fósiles implicaría nuevas fuentes de emisiones en un contexto europeo que camina en dirección contraria: reducción de CO₂, electrificación, descarbonización progresiva.
Y, por último, la cuestión del modelo de ciudad. Apostar por macrodepósitos petrolíferos en 2026 no es una decisión neutra. Supone anclar parte del desarrollo portuario a una economía de hidrocarburos cuando el horizonte normativo y tecnológico empuja hacia energías limpias y usos logísticos menos intensivos en riesgo ambiental. No se trata solo de metros cuadrados ni de expedientes incompletos; se trata de identidad y de rumbo.
La resolución judicial no cierra el litigio principal, pero sí impide que las obras arranquen por la vía rápida. Mantiene el “no” administrativo mientras se discute el fondo del asunto. Y en ese compás de espera, Alicante sigue mirando a su puerto con una pregunta suspendida en el aire: qué quiere almacenar junto a su mar y qué futuro está dispuesta a construir sobre sus muelles.
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