La cultura no debería ser un campo de batalla política, y sin embargo, en la Comunitat Valenciana lo es, de nuevo. La decisión de la nueva dirección de À Punt de eliminar Territori Sonor, uno de los pocos espacios radiofónicos dedicados en cuerpo y alma a la música hecha en la Comunitat Valenciana, es un golpe directo, no solo a la escena musical local, sino a todo el ecosistema cultural valenciano. Se trata de una mutilación deliberada de un altavoz que no tenía parangón, un programa que latía al ritmo de bandas emergentes, festivales rurales, folklore tradicional y una efervescencia creativa que no encuentra eco en otras plataformas.
La nueva cúpula de la radiotelevisión pública valenciana, bajo la batuta del zaplanista Francisco Aura —sí, el mismo que medró durante la privatización de Canal 9— ha comenzado a aplicar su plan con una mentira difícil de corroborar: más castellano, más audiencia. ¿A qué precio? A costa de sacrificar lo propio, lo genuino, lo que da sentido a una cadena pública autonómica: su vinculación con el territorio, con la gente que la sostiene con sus impuestos y su identidad cultural.
El pretexto esgrimido para cancelar Territori Sonor y otros espacios como En directe o Cadena de valor es el de la audiencia y la reestructuración de la parrilla. Pero más allá de las cifras —siempre manipulables y moldeables según convenga—, lo que subyace es una ofensiva política contra el valenciano y la cultura que se expresa en esa lengua. Territori Sonor no era solo un programa musical, era una herramienta de vertebración territorial, un escaparate de la riqueza cultural de comarcas invisibilizadas y un lugar donde la música hablaba de tú a tú con la gente.
La justificación de que el castellano atraerá más espectadores ignora, una vez más, que la pluralidad lingüística no es un obstáculo, sino un valor. Apostar por el valenciano no es solo un deber legal y estatutario, sino una obligación moral hacia los creadores que hacen cultura desde una lengua minorizada. Sustituir esa apuesta por un modelo uniforme y mercantilista, que busca competir con las privadas en su terreno y con sus armas, es condenar a À Punt a repetir los errores que llevaron a la desaparición de Canal 9.
La cancelación de Territori Sonor se suma a otras decisiones que afectan a decenas de trabajadores, muchos de ellos de productoras externas, cuya precariedad se maquilla bajo el eufemismo de «no renovación». Pero la cuestión va mucho más allá de los contratos: es un cuestionamiento profundo del papel de los medios públicos, que no deberían someterse a criterios de rentabilidad económica, sino de servicio público y cohesión social.
Territori Sonor daba vida a una red de festivales, conciertos, artistas y tradiciones que no caben en los márgenes de la programación comercial. Era un espacio de resistencia cultural en una época en la que la homogeneización amenaza con borrarlo todo. Su eliminación no es solo una decisión de programación, es una declaración de intenciones: la cultura propia estorba, molesta, y hay que apartarla del medio.
Frente a esta deriva, urge una respuesta ciudadana, una defensa activa de los espacios que construyen identidad, que dan voz a quienes no la tienen, que celebran la diversidad. Porque cuando se silencia un programa como Territori Sonor, lo que se está silenciando es la posibilidad de contar nuestra propia historia en nuestros propios términos.
La cultura debería quedar al margen de toda esta mierda. Pero si la política la mancha, nos toca a nosotros limpiarla. Y sobre todo, no callar. Porque cada vez que eliminan un programa como Territori Sonor, están diciendo que la música que hacemos aquí no importa, que nuestras palabras no valen. Y eso no lo deberíamos consentir.
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