Cuando uno duda de la importancia de las políticas sociales, basta con mirar de frente todo lo que provoca la precariedad en nuestra vida cotidiana. No es solo “ir justa de dinero” a final de mes: es vivir con un nudo permanente en el estómago, tomar decisiones desde el miedo y aceptar situaciones que jamás toleraríamos si tuviéramos asegurado un mínimo de dignidad.
Da la sensación de que al sistema le “compensa” mirar hacia otro lado. Nos ata, sobre todo, a través de la vivienda: alquileres desorbitados, hipotecas inalcanzables, barrios que se encarecen a golpe de especulación. Esa dependencia absoluta de tener un techo —casi a cualquier precio— condiciona todo lo demás. Si de verdad hubiera voluntad de ser eficaces, las instituciones se centrarían en garantizar unos mínimos reales: una vivienda propia (aunque sea pequeña), un trabajo digno, una sanidad pública que funcione y no se parezca a lo que hemos visto estos días en lugares como Torrejón, una educación pública de calidad y unos servicios que nos permitan movernos y vivir con libertad, al menos dentro de nuestro propio barrio.
El caso de Oriana es el reflejo más brutal de esta gran lacra social. No solo por la violencia machista en sí —que ya es insoportable—, sino porque deja al descubierto una realidad incómoda: hay personas que, aun queriendo separarse, se ven obligadas a seguir conviviendo con su agresor porque no pueden permitirse otra cosa. En Alicante, como en tantas ciudades, muchas familias viven al límite. No nos engañemos: un porcentaje enorme de la población no puede pagar más de mil euros de alquiler y luego sumar luz, agua, alimentación, transporte, crianza y cualquier imprevisto.
Ni el salario mínimo profesional se ajusta a la vida real, ni la conciliación ni las supuestas “libertades” son tan efectivas como algunos políticos describen sobre el papel. Sobre el papel cabe todo. En la vida cotidiana caben los números rojos, el miedo a no llegar y la sensación de estar atrapada.
Cuando no se limita el beneficio de unos pocos y se permite que el mercado de la vivienda, la energía o los cuidados campen a sus anchas, la realidad es esta: asesinatos por desquicie y violencia, desahucios, problemas de salud mental, ansiedad cronificada, depresiones… Y también otras consecuencias aparentemente menores, que nunca abrirán un informativo, pero que hablan del mismo problema de fondo: personas que se quitan una muela porque es más barato que un empaste, pies destrozados por no poder pagar al podólogo para tratar un simple callo, tratamientos que se alargan o se abandonan por falta de dinero y tiempo.
Oriana, una mujer de 29 años, fue asesinada a cuchilladas en su domicilio de Carolinas Altas presuntamente por su pareja, con la que estaba en trámites de separación. Compartían piso porque, como tantas otras parejas rotas, seguían atadas por la vivienda. Tenían un bebé pequeño que, por suerte, en ese momento estaba en la escuela infantil – que también estaban pagando… No constaban denuncias previas. Él se suicidó después. El horror completo en cuatro paredes.
Mientras tanto, escuchamos declaraciones institucionales, minutos de silencio, banderas a media asta, discursos sobre la “lacra de la violencia de género” y llamamientos a la unidad. Y sí, todo eso es necesario. Pero si no hablamos al mismo tiempo de viviendas asequibles, de redes de apoyo reales, de recursos suficientes para que una mujer pueda irse de casa sin caer en la indigencia, estamos dejando el problema a medias.
La violencia machista no es un hecho aislado que aparece de repente en un salón de cualquier piso. Se alimenta de desigualdades, de dependencias económicas, de miedos muy concretos: “¿Dónde voy con mi hijo si me marcho?”, “¿cómo pago un alquiler sola?”, “¿qué hago si me quedo sin trabajo?”. Es muy fácil pedir valentía a las víctimas cuando tú sí puedes pagar otro piso, cuando sí tienes familia que te respalda, cuando no estás contando monedas para llegar a fin de mes.
Por eso, cuando pensamos en políticas sociales, no deberíamos verlas como “gastos” o “caprichos ideológicos”, sino como lo que son: la base para que todas las personas podamos vivir con un mínimo de dignidad y, sobre todo, con posibilidades reales de elegir. Nadie debería verse condenada a compartir techo con alguien que le hace daño solo porque el mercado del alquiler y los sueldos no le dejan otra salida.
La muerte de Oriana no es solo un caso más en una estadística. Es el espejo incómodo de una sociedad que permite que la precariedad, el miedo y la falta de alternativas sigan marcando la vida —y la muerte— de demasiadas personas. Y si de verdad queremos que no vuelva a ocurrir, no basta con guardar silencio tres minutos: hay que garantizar que nadie tenga que quedarse donde ya no quiere ni puede vivir. Porque sin dignidad material, hablar de libertad es, simplemente, una mentira.
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