Hablar de una renta básica para el sector cultural en España suele despertar recelos inmediatos. Se la reduce a una supuesta concesión injustificada, como si la cultura fuera un lujo y no un bien común. Sin embargo, la pregunta ya no es teórica: otros países europeos han demostrado que garantizar ingresos mínimos a quienes sostienen la cultura es viable y tiene efectos positivos.
El caso más claro es Irlanda, donde miles de profesionales culturales han recibido durante años un ingreso estable que les ha permitido crear más, vivir con menos ansiedad y fortalecer el tejido cultural del país. Lejos de hundir el mercado o fomentar la inactividad, la medida ha generado más producción, más diversidad y un retorno social y económico superior a la inversión pública inicial. Es decir, apoyar la cultura no ha sido un gasto, sino una inversión colectiva.
Mirar ese ejemplo desde España —y en particular desde territorios como la provincia de Alicante— obliga a confrontar una realidad incómoda: nuestro ecosistema cultural se sostiene sobre una precariedad estructural normalizada. No solo afecta a artistas, sino también a técnicos, periodistas culturales, gestores, mediadores, diseñadores y a toda la red invisible que hace posible cada concierto, exposición o publicación. La cultura funciona, demasiadas veces, gracias a la vocación en lugar de gracias al salario.
En este sector casi nunca se paga lo fundamental: el tiempo de crear, investigar, ensayar o preparar una obra. Solo se remunera, cuando ocurre, el resultado visible. A ello se suma una burocracia constante y una intermitencia laboral que no encaja en los modelos tradicionales. Comparada con cualquier empleo asalariado estándar, la cultura exige más incertidumbre, más trámites y mucha menos estabilidad.
Por eso una renta básica cultural deja de parecer extravagante cuando se entiende su función real: equilibrar un fallo del mercado que no remunera el valor social de la cultura. No sería pagar por crear sin más, sino permitir que la creación exista sin depender exclusivamente de trabajos ajenos al ámbito cultural. En lugares como Alicante, además, sin estabilidad material el talento se marcha, abandona o nunca llega a desarrollarse, empobreciendo la diversidad cultural dentro del territorio.
Ahora bien, el ejemplo irlandés también enseña algo importante: la renta básica solo funciona si forma parte de una política cultural más amplia. Sin regulación laboral, control de cachés, reforma del sistema de autónomos y fortalecimiento de lo público, existe el riesgo de que las ayudas acaben justificando pagos más bajos o beneficiando a intermediarios antes que a creadores. El ingreso garantizado no sustituye las políticas estructurales; las hace más urgentes.
En el fondo, el debate no trata únicamente de artistas. Trata de qué lugar ocupa la cultura en nuestra democracia y qué condiciones de vida aceptamos para quienes la sostienen. Cuando la cultura sobrevive en precariedad permanente, lo que se debilita no es un sector profesional concreto, sino la capacidad crítica, la memoria colectiva y la conversación pública de toda la sociedad.
Irlanda ya ha demostrado que otra vía es posible. La cuestión, entonces, no es si podemos permitirnos dignificar el trabajo cultural, sino si podemos permitirnos seguir sin hacerlo. Porque más que una “paguita” – que en otros sectores se ha normalizado -, una renta básica cultural sería reconocer algo mucho más simple: que crear también es trabajar, y que todo trabajo esencial merece condiciones materiales dignas para existir.
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