La Conselleria agita cifras millonarias mientras ignora décadas de recortes y agravio docente

La estrategia de la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana ha quedado al descubierto: inflar cifras, filtrar estimaciones descontextualizadas y desviar el foco del problema real. La consellera Carmen Ortí ha cifrado en más de 2.400 millones de euros anuales el coste de las reivindicaciones del profesorado, una cifra que, presentada sin matices, pretende retratar a los docentes como insaciables y al sistema como inviable. Pero lo que no se dice es igual o más relevante que lo que se comunica.

Durante los últimos 30 años, distintos cuerpos de la administración pública —y también la propia clase política— han visto mejorar sus condiciones salariales, consolidando incrementos y compensaciones que el profesorado nunca ha recuperado. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana se mantiene entre las regiones con los salarios docentes más bajos del Estado en la enseñanza pública. Ese es el punto de partida que la Conselleria omite deliberadamente.

Una reivindicación legítima, no un capricho

Lejos de ser una exigencia desproporcionada, el profesorado reclama recuperar aproximadamente un 20% de poder adquisitivo perdido en los últimos 19 años. Traducido: unos 500 euros brutos mensuales. A esto se suman demandas básicas como la actualización salarial conforme al IPC, la recuperación de la paga extra recortada o el derecho de los interinos a cobrar el verano tras haber trabajado al menos 150 días.

Es decir, no se trata de privilegios, sino de restituir derechos erosionados con el paso del tiempo y las políticas de recorte.

Mientras la Conselleria habla de cifras globales, la realidad cotidiana en las aulas apunta en la dirección contraria. Solo en la provincia de Alicante, desde enero de 2026 se han incorporado 2.500 alumnos extranjeros fuera de plazo, lo que supone un reto organizativo y pedagógico de primer orden. A ello se suma un incremento del 22% en alumnado con necesidades de apoyo educativo.

Más alumnado, más diversidad, más exigencias… y sin refuerzos proporcionales. Esta es la ecuación real que el profesorado afronta cada día.

Hacia una huelga indefinida

Ante esta situación, la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià, junto a sindicatos como STEPV, CCOO o UGT, ha anunciado una huelga indefinida a partir del 11 de mayo si no se produce una negociación real sobre tres pilares básicos: mejora salarial, reducción de ratios y un plan de infraestructuras digno.

El mensaje es claro: no se puede seguir sosteniendo la escuela pública sobre el sacrificio constante de sus profesionales.

Además, el discurso de la “falta de fondos” pierde credibilidad cuando se observan otras decisiones del Consell. Según denuncias políticas como la del diputado Gerard Fullana, se han destinado cerca de 73 millones de euros a conciertos educativos con centros vinculados al Opus Dei. Una cifra que, sin resolver todo el problema, sí desmonta el argumento de la imposibilidad absoluta.

La cuestión, por tanto, no es tanto la falta de recursos como su distribución.

Otro elemento incómodo: la limitada incidencia de la huelga en la enseñanza concertada. No por falta de motivos, sino por las dificultades reales que tienen sus docentes para secundarla. En muchos centros, simplemente no se permite. Paradójicamente, quienes no pueden sumarse a la protesta acabarán beneficiándose de las mejoras si estas llegan. Una situación que evidencia la desigualdad estructural del sistema.

La lectura final es difícil de esquivar: mientras se magnifican cifras para desacreditar las reivindicaciones docentes, se sigue debilitando progresivamente la escuela pública. Primero se descarta el pilar salarial, luego se posponen soluciones estructurales y, finalmente, se responsabiliza al profesorado del conflicto.

La huelga del 11 de mayo no es un exceso. Es la consecuencia lógica de años de abandono, de decisiones políticas que han ido erosionando uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Porque cuando se denigra a quienes sostienen la educación pública, lo que realmente se está poniendo en riesgo es el futuro colectivo.