En un país donde millones de personas no llegan a fin de mes, asistir al espectáculo mediático del juicio del novio de Isabel Díaz Ayuso resulta, como mínimo, grotesco. La puesta en escena, los discursos victimistas y el desfile de egos son una muestra más de la desconexión absoluta entre ciertas élites políticas y la realidad cotidiana de quienes sostienen este país con su trabajo.
Escuchar frases como “me suicido” o ver cómo se exponen ante los medios los supuestos dramas del primer mundo —desde el estrés de los focos hasta la incomodidad de una investigación judicial— sería casi cómico si no fuera trágico. Porque mientras unos se quejan del “acoso” mediático, otros son acosados por las facturas impagables, los alquileres imposibles o la precariedad laboral.
El problema es que el relato del sufrimiento de los privilegiados se vende con éxito. Se enmarca dentro de una estrategia política: convertir en mártires a quienes son responsables de políticas que empobrecen al resto. Si comparamos el “acoso” que dice sufrir este señor con el que vive quien no puede pagar su alquiler porque gente como él especula con la vivienda, la balanza moral se inclina con claridad.
Por si a alguien se le olvida, robar sigue siendo un delito. Y el uso indebido del dinero público —ese que pertenece a todos— es infinitamente más grave que el robo de una barra de pan cometido por necesidad. Pero en la narrativa oficial, el pobre que roba para comer es un delincuente, mientras el que manipula contratos públicos o se enriquece al calor del poder es un “empresario incomprendido”.
Y como si todo esto no bastara, entra en escena Miguel Ángel Rodríguez, ese experto en fabricar ruido y victimismo, reconociendo sin pudor que no es notario y que monta sus circos mediáticos con pleno conocimiento de sus efectos. Su intervención no es casual: es parte del mismo guion, el de transformar la corrupción y la mentira en espectáculo.
Tampoco fue casual la “previa” del lunes, con Carlos Mazón apuntándose al club de los que confunden la lealtad política con la complicidad moral. Todos ellos saben perfectamente qué hacen: distraer, banalizar, desviar el foco.
En el fondo, lo que se juzga no es solo un caso de posible fraude o enriquecimiento ilícito. Lo que está en juego es la decencia pública, ese concepto que parece en desuso entre quienes nos gobiernan. Porque mientras el país se enfrenta a una crisis de vivienda, a salarios estancados y a servicios públicos asfixiados, desde las instituciones se nos exige empatía hacia quienes han hecho del privilegio su modo de vida.
El juicio del novio de Ayuso no es solo una noticia judicial: es un espejo de una clase política y mediática que ha perdido toda noción de pudor. Y que, además, pretende que la aplaudamos por ello.
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