La historia se repite. Y lo hace con una frialdad que estremece. Esta vez, en Benalúa, en pleno barrio Miguel Hernández de Alicante, donde una joven pareja y su hijo de 4 años han sido expulsados de su hogar por orden de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA). Otro desahucio más. Otro golpe a quienes ya viven al límite. Otro niño más que se acuesta esta noche sin saber si mañana tendrá techo.
- Hace una semana, otro en las Mil viviendas – https://quefas.es/el-evha-desahucia-a-una-familia-con-un-bebe-en-las-mil-viviendas/
El organismo público ha justificado su actuación diciendo que se trataba de una “ocupación previa” y que la familia puede irse a vivir con la madre de la joven, en otro piso público cercano. Pero lo que omiten es que esta unidad familiar, con apenas 645 euros de ingresos mensuales y un certificado de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales, había solicitado un alquiler social, dentro de plazo y con abogado de oficio… al que no tendrían acceso hasta después del lanzamiento.
¿Qué visión de la realidad tiene quien ejecuta algo así? ¿De verdad creen que la solución es hacinar a tres generaciones en un mismo piso? ¿Que un papel administrativo basta para decidir quién se queda y quién se va? No es solo un desalojo: es romper a una familia. Es desarraigarla del barrio. Es pisotear el artículo 47 de la Constitución, ese que garantiza el derecho a una vivienda digna. Es, sobre todo, demostrar que para algunos, la vida de la gente pesa menos que un saldo contable.
Ni esta familia ni tantas otras son cifras en un informe. Son parte del tejido humano de los barrios. Son quienes sostienen lo que queda de comunidad en una ciudad cada vez más inhóspita. Pero eso no entra en la lógica de la especulación, ni en las cuentas de los fondos buitre —esos entes sin rostro que sólo entienden de rentabilidad y desprecian el valor de lo colectivo.
Lo más doloroso de todo es que este desalojo no lo ha ejecutado una inmobiliaria privada ni un banco. Ha sido una institución pública, que debería estar para proteger, no para expulsar. Que debería garantizar vivienda, no cerrarla. Que debería escuchar, no arrasar. Y lo hace además con una operativa desproporcionada, según denuncia el Sindicat de Barri Carolinas, que advierte de una estrategia cada vez más extendida: vaciar de pobres los bloques de vivienda pública.
Esta semana ya van tres lanzamientos en Alicante. Tres familias más condenadas a la precariedad absoluta. Y nadie —ni administraciones, ni partidos— parece mover un dedo para detener esta sangría. La pregunta ya no es cuántos más, sino hasta cuándo vamos a permitir que echar a la calle a una familia siga siendo una “gestión” y no una brutalidad.
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