Señora consellera:
He leído su carta dirigida a las familias valencianas y confieso que lo primero que he pensado es que hace demasiado tiempo que usted no pisa un colegio o un instituto. No una visita oficial, no una foto con alumnado sonriente, no un recorrido acompañado por cargos y cámaras. Me refiero a entrar un martes cualquiera a tercera hora, abrir la puerta de un aula con treinta adolescentes dentro y tratar de enseñar, atender, acompañar, calmar, integrar, motivar y evaluar al mismo tiempo. Me refiero a mirar de frente la educación pública real, no la que cabe en una nota institucional.
Dice usted que “ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical”. La frase suena contundente, pero resulta profundamente injusta. Porque aquí quienes llevan años siendo rehenes no son las familias por culpa del profesorado, sino el profesorado, el alumnado y las familias por culpa de una administración que no escucha lo suficiente, que maquilla los avances y que presenta como grandes conquistas lo que, en muchos casos, apenas son parches.
Afirma que se han aumentado plantillas, que hay más profesores, más colegios, más convivencia, más salud mental y menos burocracia. Ojalá esa fuera la realidad cotidiana de los centros. Ojalá la educación pública valenciana viviera ese momento de expansión y cuidado que usted describe. Pero basta con preguntar en cualquier claustro para comprobar que el relato oficial y la vida diaria de los centros no siempre coinciden.
Porque las ratios siguen siendo inasumibles. Treinta alumnos en un aula no son una cifra: son treinta realidades, treinta ritmos, treinta historias familiares, treinta necesidades distintas. Hay alumnado con dificultades de aprendizaje, alumnado recién llegado que necesita aprender la lengua, alumnado con situaciones personales complejas, alumnado con ansiedad, alumnado con altas capacidades, alumnado que requiere una atención individualizada que sencillamente no cabe en una clase masificada. Y no, no se puede hablar seriamente de calidad educativa mientras se normaliza que un docente tenga que atender a treinta alumnos como si fueran una unidad homogénea.
La incorporación del alumnado llegado de fuera durante este curso ha sido, en muchos centros, insostenible. No por el alumnado, que tiene todo el derecho a ser acogido y escolarizado con dignidad, sino porque esa acogida exige recursos, profesorado, aulas, especialistas, mediación lingüística, previsión y tiempo. Integrar no es sentar a un alumno en una silla y dar el problema por resuelto. Integrar es acompañar. Y acompañar requiere medios. Dar un paso cuando hacen falta cien no puede presentarse como una política ambiciosa.
También habla usted de inversión. Pero mientras se celebran cifras globales, hay colegios que se caen, barracones que se eternizan, institutos que se han quedado pequeños y centros que trabajan cada día con espacios insuficientes. Hay aulas reconvertidas, departamentos sin sitio, bibliotecas usadas como aulas, laboratorios infrautilizados porque no hay condiciones, patios saturados y edificios que llevan años esperando actuaciones urgentes. La educación pública no se defiende con eslóganes, se defiende con ladrillos, profesorado, ratios dignas y presupuestos sostenidos.
Y, al mismo tiempo, resulta difícil no ver una orientación política que favorece a la escuela privada y concertada frente a la pública. Mientras la escuela pública absorbe la complejidad social, la diversidad, la llegada constante de nuevo alumnado y las necesidades educativas más exigentes, se le pide que aguante con lo justo. Se le exige excelencia, inclusión, innovación, convivencia y resultados, pero demasiadas veces sin los recursos necesarios para hacerlo posible.
Dice también que con la propuesta económica el profesorado valenciano avanzaría hacia una mejor posición salarial. Permítame que se lo diga con claridad: no es verdad que una subida de 75 euros al mes convierta al profesorado en uno de los mejor pagados. Esa afirmación, además de discutible, resulta casi ofensiva cuando se compara con la pérdida de poder adquisitivo acumulada, el aumento de carga burocrática, la presión emocional del trabajo docente y la responsabilidad real que asumimos cada día. Enseñar no es solo impartir contenidos. Es sostener un sistema que, muchas veces, se mantiene en pie gracias al compromiso personal de quienes trabajan en él.
Y sobre la burocracia, consellera, bastaría con sentarse una semana con cualquier docente para entender el hartazgo. Programaciones, informes, plataformas, planes, registros, adaptaciones, protocolos, reuniones, actas, seguimientos, memorias, justificaciones. Cada nueva buena intención administrativa suele llegar envuelta en más documentos. Y cada hora dedicada a justificar lo que hacemos es una hora que se le roba a preparar clases, corregir, atender alumnado o pensar mejores formas de enseñar.
Mientras tanto, los recortes en la planificación de plantillas para el curso 2026-2027 preocupan, y mucho. No hablamos de una sensación vaga, sino de horas concretas: 36 horas en el IES Ramon Llull de València, 47 en el IES Enric Valor de Picanya, 65 en el IES Vall de Segó, 40 en La Valldigna, 74 en La Pobla de Farnals, 87 en el IES María Moliner, 132 en L’Estació d’Ontinyent, 83 en el Gabriel Ciscar, 89 en el IES Nº1 de Canet d’en Berenguer, 77 en Abastos, 62 en Pere d’Esplugues y así una lista que no debería despacharse como un ajuste técnico. Detrás de cada hora hay desdobles que desaparecen, apoyos que se reducen, optativas que peligran, atención que se pierde.
Usted apela a las familias. Hace bien. Las familias deben saber qué está ocurriendo. Deben saber que cuando el profesorado hace huelga no lo hace por comodidad, ni por capricho, ni por abandonar a sus hijos. Lo hace porque sin condiciones dignas no hay educación pública de calidad. Lo hace porque no se puede sostener indefinidamente un sistema sobre la buena voluntad de sus trabajadores. Lo hace porque los derechos del alumnado no se defienden enfrentando a familias y docentes, sino escuchando a quienes están cada día en las aulas.
La evaluación de segundo de Bachillerato importa, claro que importa. Nadie quiere perjudicar al alumnado que se juega su acceso a la universidad. Pero reducir todo el conflicto a esa cuestión es una manera de esquivar el problema de fondo. Lo que está en juego no es solo una evaluación concreta, sino el modelo de escuela pública que queremos: una escuela saturada, precarizada y obediente, o una escuela con recursos, con tiempo, con profesorado suficiente y con capacidad real para atender a todos.
Señora consellera, la educación pública no necesita cartas tranquilizadoras. Necesita presencia, escucha y decisiones valientes. Necesita que quienes gobiernan entren en las aulas sin relato previo y vean lo que pasa. Necesita que entiendan que una clase con treinta alumnos no se gestiona con titulares. Que un centro pequeño no se amplía con promesas. Que un colegio deteriorado no se arregla con porcentajes. Que una plantilla recortada no se compensa con buenas palabras.
Porque sí, queremos una educación pública de calidad para todos y todas. Precisamente por eso protestamos. Precisamente por eso exigimos. Precisamente por eso no aceptamos que se nos presente como un obstáculo cuando, en realidad, somos quienes sostenemos cada día la escuela pública con nuestro trabajo.
Sin profesorado no hay educación. Pero sin escucha, sin recursos y sin respeto, tampoco.
¡Salud y… escuela pública!
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