El PP de siempre ha vuelto. El de la exigencia moral en alto y la mano larga en cuanto se apagan los focos. El que se envuelve en discursos de buena gestión mientras, a la primera de cambio, reaparece con otro caso de corrupción o, si se prefiere el eufemismo, otro episodio de indecencia política.
Mientras la ciudadanía se manifiesta por el derecho a una vivienda digna, mientras Alicante vive una emergencia habitacional sin precedentes, el alcalde Barcala juega a quitar y poner moratorias como quien mueve fichas sin asumir consecuencias. Y en ese mientras tanto, los fondos buitre y los especuladores hacen caja, compran miles de viviendas y empujan los precios a niveles directamente prohibitivos.
Y cuando por fin —después de dos décadas— se construye vivienda pública, lo poco público que se levanta no va para quien lo necesita, sino para quien ya está dentro del sistema.
Lo cuenta el Diario Información: una concejala, los dos hijos de una directora general del Ayuntamiento y un arquitecto municipal de Urbanismo han sido “agraciados” con viviendas de la primera promoción pública en veinte años, en plena tensión social por la falta de alojamiento.
Seguramente, no serán los únicos agraciados… pero, hablando claro: Son viviendas protegidas, sí, pero en la mejor zona de la ciudad: La Condomina, a mitad de precio de mercado y con cargos públicos y familiares directos como beneficiarios.
No es ilegal, dirán. No es incompatible, matizarán. No hay irregularidad, insistirán. Incuso caerá alguna cabeza sin que cambie nada. Y seguirá siendo indecente, obsceno y políticamente insoportable. No porque a un partido de derechas se le pueda exigir que aplique leyes que en otros territorios están teniendo más éxito, sino porque luego vienen hablando de paguitas, amiguismos y hostias, y, al final, ellos son los primeros que en cuanto pueden hacen estas mamarrachadas.
El delito, aparte del moral, es que sucede en una ciudad se desangra por el alquiler, cpn jóvenes, familias y trabajadores que no pueden quedarse a vivir donde nacieron y ya que ningunean todo lo público, es extraño que, en este caso no conciban que la vivienda pública no es un premio, sino una herramienta de justicia social que aquí se ha utilizado como botín.
Ahora el gobierno municipal trata de minimizar el impacto, de bajar el volumen, de esconder el escándalo bajo tecnicismos administrativos. Pero tras siete años sin hacer nada, lo único que se acumula no son soluciones: son escándalos.
Y la pregunta es inevitable: ¿Qué gana Alicante con esto? La respuesta es brutalmente sencilla: nada. Al revés, pierde confianza, credibilidad, tiempo y futuro.
Y mientras tanto, ¿dónde coño está la oposición? ¿Dónde están las dimisiones exigidas? ¿Dónde está la presión política sostenida? ¿Dónde está la defensa real del derecho a la vivienda? ¿las soluciones?
Porque si esto pasa sin consecuencias, el mensaje es devastador: que en Alicante la vivienda pública no es para quien la necesita, sino para quien sabe dónde y cuándo llamar a la puerta correcta.
Y eso, gobierne quien gobierne, no es gestión. Es saqueo institucional con papeles en regla. Y aunque pase más de lo que debería, no nos debemos acostumbrar.
Deja una respuesta