Alicante está experimentando un proceso de transformación urbana que pone en jaque su identidad, su tejido social y el derecho a la vivienda de sus habitantes. La proliferación de pisos turísticos, la llegada de fondos de inversión y la falta de políticas que prioricen el bienestar de la ciudadanía están convirtiendo la ciudad en un escaparate para visitantes y especuladores, dejando en la incertidumbre a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables.
La vivienda, un negocio antes que un derecho
Las políticas de vivienda en Alicante y en el resto del país han sido diseñadas para garantizar el beneficio de especuladores y rentistas en lugar de priorizar el acceso a un hogar digno para la ciudadanía. Un ejemplo claro es la descalificación de la gran mayoría de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), que fueron construidas con dinero público pero que, con el tiempo, han pasado a formar parte del mercado libre, perdiendo su función social.
Además, la venta de viviendas de bancos rescatados con dinero público y de la SAREB a fondos buitre ha agravado la crisis habitacional. Empresas como Promontoria Coliseum Real Estate S.L., creada entre el fondo buitre Cerberus y el banco Sabadell, han sido responsables del desalojo de familias en Alicante, con 21 hogares actualmente amenazados de desahucio y 2 familias ya expulsadas de sus casas.
Turismo masivo y desplazamiento vecinal
El auge del turismo en Alicante ha traído consigo una explosión de viviendas turísticas. En muchos barrios, los alquileres han subido de manera desorbitada debido a la conversión de viviendas residenciales en apartamentos turísticos, lo que ha desplazado a los habitantes de toda la vida y ha vaciado de vida cotidiana las zonas más céntricas.
Las calles que antes eran espacios de encuentro y convivencia ahora están llenas de negocios enfocados en el turista, con una oferta basada en la especulación inmobiliaria y el consumo rápido. Esta transformación no solo encarece la vida para los residentes, sino que también empobrece la esencia cultural y social de la ciudad.
Comparativa con otras ciudades
Mientras en ciudades como Barcelona se han implementado medidas para frenar la especulación inmobiliaria, como la imposición de una tasa turística, la regulación de pisos turísticos y el gravamen a los grandes tenedores, en Alicante se omite el problema. No existen políticas efectivas para contener la subida descontrolada de los alquileres ni para proteger el acceso a la vivienda. Esta inacción municipal deja el camino libre a la especulación y a la expulsión de los residentes de sus propios barrios, fomentando un modelo de ciudad que beneficia solo a unos pocos.
¿Qué futuro nos espera?
Si no se toman medidas urgentes, Alicante corre el riesgo de convertirse en un escaparate vacío donde la vida de sus ciudadanos quede relegada a un segundo plano. Es fundamental regular los pisos turísticos, frenar la venta de viviendas públicas a fondos de inversión y promover políticas que garanticen el derecho a una vivienda digna.
El modelo de ciudad no puede estar supeditado a los intereses de especuladores y grandes empresas, sino a las necesidades de quienes la habitan y construyen su identidad día a día. Alicante necesita proteger su idiosincrasia y asegurar que su transformación no signifique la expulsión de su gente.
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