
En pleno Día del Libro, el barrio alicantino de Juan XXIII ha alzado la voz con una consigna clara: “Juan XXIII también quiere leer”, una reivindicación que pone de manifiesto el malestar vecinal por el cierre prolongado de su biblioteca, clausurada de forma intermitente desde 2021 y completamente inaccesible desde hace dos años.
La protesta, protagonizada por estudiantes y profesorado del colegio Benacantil y del IES Las Lomas, denuncia la pérdida de un espacio clave que cumplía múltiples funciones: acceso a recursos educativos, fomento de la lectura y refugio seguro para menores. La biblioteca, recuerdan, no solo servía para estudiar, sino que era un lugar donde muchos niños esperaban a sus familias en un entorno protegido.
El descontento se agrava ante lo que los vecinos consideran una respuesta insuficiente y dilatoria por parte del Ayuntamiento de Alicante. En un reciente escrito, la Concejalía de Cultura reconoce la importancia del servicio, pero no concreta plazos de reapertura, alegando depender de procesos administrativos vinculados a Recursos Humanos.
La situación de Juan XXIII no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema estructural. Desde la oposición municipal denuncian una “precariedad cultural” generalizada, señalando que solo ocho bibliotecas de la red municipal permanecen operativas y que varias instalaciones clave llevan años cerradas o han sido desmanteladas.
Entre los ejemplos más destacados figura la biblioteca de Ciudad de Asís, también clausurada desde hace dos años, así como la del Mercado Central, eliminada, y la de Cabo de la Huerta, que presenta deficiencias de espacio, y libros, y cierres frecuentes sin previo aviso. Las asociaciones vecinales advierten de un deterioro progresivo que afecta al acceso a la cultura en distintos barrios.
A esta situación se suma otro factor crítico: la falta de renovación de fondos bibliográficos, lo que limita aún más la utilidad de los centros abiertos y evidencia una ausencia de planificación cultural sostenida por parte del consistorio.
Ante este escenario, los grupos de la oposición han anunciado que llevarán la situación de las bibliotecas al próximo pleno municipal, en un intento de forzar compromisos concretos y revertir lo que consideran una política de abandono.
La movilización de Juan XXIII refleja así una reivindicación más amplia: el derecho al acceso igualitario a la cultura y la educación, frente a una gestión municipal que, según denuncian los vecinos, no está respondiendo a las necesidades básicas de la ciudadanía.




















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