La propuesta de Educación deja fuera el núcleo económico y otras cosas - de la huelga docente

El preacuerdo propuesto por la Generalitat Valenciana recoge medidas, sin concreción, sobre ratios, burocracia, inclusión, infraestructuras, valenciano y FP, pero no incorpora la recuperación salarial ni fija compromisos concretos de aumento de plantilla, dos de las principales reclamaciones del profesorado movilizado.
El acuerdo íntegro transcrito AQUÍ

La Generalitat Valenciana ha puesto sobre la mesa un preacuerdo para la mejora del sistema educativo que intenta responder a algunas de las reivindicaciones que han llevado al profesorado de la enseñanza pública no universitaria a la huelga indefinida. El documento, redactado en valenciano y dirigido a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación, plantea medidas en materia de reducción de ratios, simplificación burocrática, plantillas docentes, infraestructuras, promoción del valenciano, inclusión educativa y Formación Profesional.

Hoy sí se ha sentado la Consellera en la mesa de negociación… sin embargo, la lectura comparada entre la propuesta de la Conselleria y las demandas expresadas por sindicatos y asambleas docentes revela una distancia significativa: el texto administrativo asume parte del lenguaje de las reivindicaciones, pero evita compromisos cuantificados en varios de los puntos clave. Especialmente llamativa es la ausencia de una propuesta sobre recuperación del poder adquisitivo, una de las demandas centrales del conflicto. Así la propuesta presentada por Educación durante la cuarta jornada de huelga indefinida no incluye la recuperación salarial del profesorado, lo que provocó rechazo entre los docentes concentrados ante la Conselleria.

La huelga, convocada por los principales sindicatos docentes, se apoya en una plataforma reivindicativa que incluye mejoras salariales, bajada real de ratios, reducción de la burocracia, más profesorado, mejora de infraestructuras y defensa de la enseñanza en valenciano. Y esta es la comparativa entre lo que la comunidad educativa demanda y lo que Consellería les ofrece:

Ratios: la Generalitat habla de reducción progresiva; el profesorado exige cifras concretas

Uno de los puntos más visibles del preacuerdo es la reducción de ratios. La Generalitat propone una “reducción progresiva” del número de alumnos por profesor, de acuerdo con el calendario previsto en la ley estatal, y añade reducciones adicionales para zonas en riesgo de despoblación. También fija una ratio máxima efectiva de 8 alumnos en las nuevas aulas UECO a partir del curso 2027-2028.

La medida coincide parcialmente con las demandas docentes, pero queda lejos de la concreción exigida por sindicatos y asambleas. El acuerdo unitario firmado por sindicatos y colectivos educativos reclama bajar las ratios de 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15, y de 30 en ESO y 35 en Bachillerato a 20 estudiantes por aula. La propuesta de la Consellería sería mantener los alumnos en infantil y bajar a 27-28 alumnos algo que nos se corresponde con las exigencias, ni con lo que exige una educación «decente».

La diferencia es sustancial. Mientras la Generalitat habla de una aplicación progresiva, sin concreción y vinculada al marco estatal, el profesorado reclama un calendario propio, cifras cerradas y una reducción estructural inmediata o planificada curso a curso. En las aulas UECO sí existe una coincidencia parcial: tanto el documento de Conselleria como las reclamaciones docentes contemplan el máximo de 8 alumnos, aunque la propuesta de la Generalitat lo limita a las aulas de nueva creación y lo retrasa al curso 2027-2028.

Burocracia: el punto donde más se acerca la propuesta

La simplificación administrativa es el apartado más desarrollado del preacuerdo. Educación plantea un decreto específico de simplificación burocrática, la implantación del expediente digital del docente, la revisión de normas vinculadas a la inclusión, la tramitación única de proyectos de innovación, la eliminación de solicitudes en determinados programas y la unificación de aplicaciones informáticas en un solo canal.

Aquí la Generalitat sí recoge una queja ampliamente repetida por el profesorado: la sobrecarga de tareas administrativas que resta tiempo a la atención educativa. Las movilizaciones docentes han denunciado precisamente el exceso de burocracia, junto a ratios elevadas, retrasos en sustituciones y falta de recursos, como parte del deterioro de la escuela pública.

No obstante, la propuesta mantiene un tono más organizativo que laboral. Habla de plataformas, expedientes digitales y procedimientos, pero no concreta cómo se medirá la reducción efectiva de carga de trabajo ni qué tareas dejarán de recaer sobre los equipos docentes. La promesa de “prohibición de aumento de la carga burocrática” en nuevas normas puede ser relevante, pero no resuelve por sí sola la carga ya existente.

Salarios: la gran ausencia del preacuerdo

El elemento más delicado del documento es lo que no aparece. El preacuerdo no incluye una propuesta salarial. No hay referencia a recuperación de poder adquisitivo, revisión anual, homologación, complemento autonómico ni calendario económico.

Esta omisión choca frontalmente con una de las bases del conflicto. Las organizaciones docentes han reclamado la recuperación progresiva del poder adquisitivo perdido desde 2010, una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC y la recuperación íntegra de la paga extra, entre otras medidas.

La ausencia salarial convierte el preacuerdo en una propuesta parcial. Puede servir para abrir mesas técnicas, pero difícilmente desactiva una huelga cuyo origen no es solo pedagógico u organizativo, sino también laboral.

Plantillas: revisión y sustituciones frente a la petición de más docentes

El apartado de plantillas es uno de los más breves del documento. La Generalitat propone revisar y actualizar la orden de plantillas mediante una comisión de seguimiento y agilizar las sustituciones, especialmente cuando afecten a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o a profesorado que imparte clase en segundo de Bachillerato.

El profesorado, en cambio, reclama una ampliación clara de recursos humanos. La plataforma sindical y asamblearia plantea la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo y el refuerzo de los profesionales destinados a inclusión educativa.

La distancia vuelve a estar en la concreción. Conselleria ofrece revisión, seguimiento y mejora del sistema de sustituciones; los docentes piden más plantilla estable. El documento sí incorpora la creación de 135 nuevas plazas de Audición y Lenguaje y la apertura de al menos 36 nuevas aulas UECO, pero no recoge un plan global de incremento de profesorado para el conjunto del sistema.

Infraestructuras: plan director, pero sin calendario público de obras

En infraestructuras, la Generalitat propone un plan director que incluya confort térmico y accesibilidad, además de reuniones trimestrales de seguimiento para evaluar la ejecución de inversiones. La referencia al confort térmico conecta con una queja recurrente en los centros educativos valencianos, especialmente ante episodios de calor cada vez más frecuentes.

Pero, de nuevo, el documento no concreta centros, plazos, presupuesto ni actuaciones prioritarias. En comarcas como la Vall d’Albaida, las protestas han señalado problemas concretos como falta de espacio, ampliaciones pendientes, aulas prefabricadas y patios inadecuados.

La propuesta de Educación abre una vía de negociación, pero no permite comprobar todavía si habrá una respuesta directa a las necesidades más urgentes de los centros.

Valenciano: formación y certificados, pero no aborda el conflicto de fondo

El preacuerdo incluye un apartado de promoción del valenciano. Propone un plan de formación del profesorado, especialmente en zonas de predominio lingüístico castellano; el impulso de programas como “Pont de llengües”; y la recuperación de los certificados de Capacitación en Valencià y del Diploma de Mestre en Valencià como méritos.

La medida reconoce la importancia de la formación lingüística, pero no entra en el conflicto político y educativo de fondo. Entre las reivindicaciones docentes figura la defensa de la enseñanza en valenciano y la crítica a la llamada Ley de Libertad Educativa, cuestionada por sindicatos y colectivos por su impacto sobre el uso del valenciano en el sistema educativo.

En este punto, la Generalitat propone promoción y formación; el profesorado movilizado reclama también garantías de presencia y protección del valenciano como lengua de enseñanza.

Una propuesta que responde al marco, no al conflicto completo

El documento de la Generalitat tiene una estructura amplia y toca casi todos los grandes bloques del malestar docente. Habla de ratios, burocracia, inclusión, infraestructuras, valenciano y FP. Pero la comparación con las demandas del profesorado muestra que la Conselleria formula compromisos generales donde los docentes piden cifras, calendario y presupuesto. No hay ninguna concreción y está alejadísima de las peticiones lógicas de la Comunidad Educativa.

La propuesta parece pensada para construir una salida negociada, pero no resuelve los puntos más duros del conflicto: salario, plantilla suficiente, reducción real de ratios y garantías concretas de ejecución. En términos políticos, la Generalitat ofrece una agenda de trabajo. En términos sindicales, el profesorado reclama un acuerdo verificable que, obviamente, no tiene mucho que ver con lo que Carmen Ortí ha planteado hoy..

La clave estará ahora en si este preacuerdo se convierte en un documento con medidas cerradas o si queda como una declaración de intenciones. Porque el malestar docente no se explica solo por una tabla salarial ni solo por la burocracia: nace de la sensación acumulada de que el sistema educativo exige cada vez más a los centros mientras tarda demasiado en dotarlos de los recursos necesarios.

Así que siguen en pie la huelga y la gran manifestación prevista para mañana en València…