El precio de la vivienda en la provincia de Alicante continúa su escalada sin freno, con un incremento del 12,9% en el primer trimestre de 2026, según el último informe de Gesvalt. Una tendencia que consolida un mercado cada vez más inaccesible para amplias capas de la población, mientras las medidas estructurales siguen sin llegar.
En la Comunitat Valenciana, el precio medio se sitúa en 1.648 euros por metro cuadrado, tras subir un 14,6% interanual. Comprar una vivienda tipo de 90 metros cuadrados alcanza ya los 148.320 euros, casi 19.000 euros más que hace un año, evidenciando un encarecimiento que supera con creces la evolución de los salarios.
Alicante lidera el precio por provincias con 1.863 euros por metro cuadrado, aunque con un incremento menor que Valencia o Castellón. Sin embargo, más allá de las cifras, el problema de fondo es la ausencia de políticas efectivas para contener la especulación y garantizar el acceso a la vivienda, especialmente en territorios tensionados por la demanda turística.
El mercado del alquiler no ofrece un respiro. En la provincia, los precios han subido un 12,1% hasta los 13,49 euros por metro cuadrado al mes, en un contexto donde la oferta residencial se reduce frente al auge del alquiler turístico. Una situación que continúa desplazando a residentes y tensionando barrios enteros sin que se adopten límites claros.
A nivel autonómico y nacional, la subida es generalizada, confirmando un ciclo alcista sostenido. No obstante, el crecimiento constante en zonas como Alicante pone de relieve la necesidad de intervenir con herramientas más contundentes, como una mayor fiscalidad sobre grandes tenedores o la limitación de licencias de viviendas turísticas, medidas ya aplicadas en otros contextos europeos.
Mientras tanto, los principales mercados urbanos y costeros siguen concentrando los precios más elevados, reforzando una dinámica que prioriza la rentabilidad sobre el derecho a la vivienda. En este escenario, la falta de decisiones firmes por parte de las administraciones contribuye a agravar una crisis de acceso que ya es estructural.
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